Saneamiento como “castigo” a indígenas
Luis Antezana Ergueta
Antes de la Reforma Agraria de 1953 del MNR, los indígenas fueron privados de su derecho de propiedad y, a lo más, eran meros usufructuarios o tenedores del pequeño pedazo de tierra dentro de la hacienda y con la condición de trabajar por tres días a la semana todo el año para el hacendado, quien, además, se apoderaba de gran parte de la producción que los siervos obtenían en la parcela. Así, en esas condiciones, el campesino o indígena -dos palabras de uso contradictorio- estaba condenado de por vida a la pobreza ya que no aprovechaba, ni mucho menos, de la renta territorial, renta que, en cambio, favorecía al terrateniente para su continuo enriquecimiento, por el goce de todas las formas de renta de la tierra.
En esas circunstancias rodeadas de grandes matanzas de indígenas (que luchaban por ser propietarios absolutos de sus parcelas), el MNR realizó la reforma agraria de 1953. Esa medida fue dirigida a hacer que los campesinos se convirtiesen en propietarios absolutos de sus lotes, para que así pudiesen gozar del derecho de propiedad que les permitiría gozar de las ganancias o sea todas las formas de renta territorial y así poder enriquecerse con su trabajo. La realización de ese proyecto fue, sin embargo, considerada por la casta terrateniente como un “atrevimiento” sin nombre, dejando para más tarde la posibilidad de una venganza para “castigar”, a su tiempo, a los propietarios indígenas que realizaron la revolución agraria.
Ese derecho de propiedad para los indígenas campesinos duró hasta 1964, momento a partir del que se debía aplicar el “castigo”, empezando por hacerles grandes recortes en su derecho propietario, como prohibirles la venta, alquiler, hipoteca, etc. de sus terrenos, o sea condenarlos al empobrecimiento sostenido.
Empero, como el castigo inicial no fuese suficiente y como había que “castigar” de manera absoluta y ejemplar a los “atrevidos” indios, los señores feudales que triunfaron en la “revolución restauradora” de 1964, decidieron aplicar sanciones más profundas y en especial quitarles el derecho de propiedad que habían adquirido con título ejecutorial desde 1953. Para los señores feudales venidos a menos el “castigo” debía ser anular la Ley de Reforma Agraria de 1953 y dictar una nueva ley agraria que dé al traste con la anterior.
En efecto, después de paciente preparación por parte de diversos gobernantes, el gobierno de los ex hacendados, encabezado por Gonzalo Sánchez de Lozada, dictó en 1996 la llamada Ley INRA, por la cual se dispuso que los campesinos y los agricultores en general dejaban de ser propietarios de sus terrazgos y, de esa forma, ser privados de las ganancias que rinde la renta territorial y, por consiguiente, condenados a un empobrecimiento continuo. Esa iniquidad contra los indígenas fue promulgada nada menos que por el Vicepresidente “indígena”, Víctor Hugo Cárdenas, y el procedimiento para llegar a ese objetivo fue el denominado “saneamiento” y la “función social”.
De esa manera, la Ley INRA anuló los títulos ejecutoriales, arrebató a los “indios” el derecho de propiedad y los convirtió en meros tenedores de sus parcelas, siendo, por consiguiente, condenados a caer de nuevo en garras de la miseria y la servidumbre. Al mismo tiempo, según la Ley INRA, para tener de nuevo derecho de propiedad, los campesinos debían someter sus terrenos al engorroso trámite de “saneamiento”, comprar su propia tierra y obtener un nuevo título que, por lo demás, tiene escaso o ningún valor, precisamente para dar cumplimiento al castigo largamente premeditado.
Esa Ley anti indígena (¡promulgada nada menos que por un “indígena”!) fue reiteradamente denunciada por medio de libros, folletos y toda clase de documentos, por sectores democráticos del país que defienden a los campesinos indígenas, y cuando se esperaba que un Presidente Indígena que recibió amplio apoyo electoral -especialmente de los campesinos- anule esa disposición legal, lejos de ese anhelo de justicia, la Ley INRA fue de nuevo sancionada por el Congreso y promulgada por el Gobierno actual para hacerla todavía más punitiva contra los intereses de los campesinos, es decir arrebatarles en definitiva el derecho de propiedad de sus tierras, impedirles que se beneficien con la renta territorial, condenándolos a eterna pobreza y privándoles de su libertad y los derechos democráticos que les pertenecen. De ahí que nuevamente comienza airada la lucha en defensa de las masas indígenas y campesinas del país. Finalmente, no deja de sorprender que sean indígenas quienes afectan tan gravemente a los mismos indígenas.
