Senado dio vía libre a consulta revocatoria como salida a crisis

El jueves último el Senado Nacional aprobó el referéndum revocatorio de mandato popular como salida pacífica a la crisis que soporta Bolivia. El presidente del Senado, Óscar Ortiz, explicó que se determinó aprobar la ley porque estaba en agenda y porque no prosperó ninguno de los intentos de diálogo entre el Gobierno y los prefectos de oposisión.

Ortiz agregó que todo ello sólo llevará al país a un escenario de profunda división y confrontación, “por lo tanto, creemos que es mejor que, en todo caso, antes que eso suceda ir al voto ciudadano y evitar cualquier confrontación y dar una salida pacífica al país”, dijo.

“Lamentablemente hasta ahora todos los intentos de diálogo no han prosperado y hay amenazas de aprobar, la próxima semana, un referéndum o leyes nuevamente ilegales para viabilizar la realización del referéndum sobre el proyecto de constitución del MAS”, enfatizó el presidente del Senado.

El pasado 15 de enero el Senado Nacional aprobó en grande el Proyecto de Ley de Revocatoria de Mandato, luego que el mismo fuera remitido de la Cámara de Diputados, donde fue aprobado a mediados de diciembre de 2007, ocasión en la que el MAS aplicó su rodillo para evitar que el debate continúe.

Tanto diputados como senadores del MAS adelantaron en esa oportunidad que no permitirían que se modifique una coma del proyecto de ley aprobado por diputados y que fue remitido por el Poder Ejecutivo.

El senador por el MAS, Lino Villca, dijo en esa oportunidad que los senadores del oficialismo en la Cámara Alta sostendrán con firmeza y sin alteraciones la propuesta que emergió del Ejecutivo.

“La posición del MAS en la Cámara de Senadores, con respecto al Referéndum Revocatorio va a ser clara, vamos a sostener sin alteraciones la propuesta que nació en el Poder Ejecutivo y que fue aprobada en la Cámara de Diputados”, señaló Villca.

El proyecto de Ley de Referéndum Revocatorio de Mandato Popular aprobado en grande el pasado 15 de enero y el jueves en detalle determina el marco general en el cual debe desenvolverse esa consulta; la fecha, que es de 90 días posteriores a su promulgación; también determina los porcentajes y número de votos para la cesación de la gestión presidencial, vicepresidencial y de los prefectos de departamento.

Además las autoridades que no sena revocadas continuarán en sus funciones y deberán terminar su periodo constitucional para el cual fueron electos.

Para finalizar, Ortiz recordó que el proyecto de ley aprobado fue el enviado por el Poder Ejecutivo, y fue aprobado y sancionado sin modificaciones por el Senado.