Contratos mineros de arriendo serán cambiados por riesgo compartido

Trabajadores extraen minerales. El sector privado espera claridad en las políticas del gobierno.

• Comibol mediante un comunicado de prensa garantizó la inversión de todos los contratos de arrendamiento con las cooperativas mineras del país.

El Gobierno descarta aplicar política de nacionalización en el sector de la minería, pero anuncia la revisión de contratos de arrendamiento para que transiten a riesgo compartido y sean refrendados por el Congreso Nacional.

El ministro de Minería y Metalurgia, Luis Alberto Echazú, aseguró que después de la nacionalización del centro minero Huanuni y la empresa fundidora Vinto, el Gobierno no tiene planificado iniciar un nuevo proceso en el sector y más bien trabaja en la migración de contratos.

Los contratos mineros de arriendo son una especie de alquiler de las concesiones mineras que hace el Estado con una empresa privada. En este caso, los arrendamientos que tiene Sinchi Huayra y todos en general tienen un costo demasiado bajo, lo que sólo beneficia al sector privado porque el Estado recibe casi nada de la explotación minera.

En cambio, en un contrato de riesgo compartido la estatal minera brinda el área, la empresa privada garantiza la inversión para desarrollar el proyecto y ambos se distribuyen las utilidades por igual.

Según el ministro de Minería y Metalurgia lo que pretende el Gobierno es que estos contratos de arrendamiento se transformen en contratos de riesgo compartido para beneficiar al Estado, tarea que está a cargo del Parlamento donde se encuentran los mismos.

En esta coyuntura surgen dos aristas, por un lado el recelo de los mismos cooperativistas de Porco, que según el matutino El Potosí declararon una “guerra frontal contra el Gobierno” y a raíz de esto el Primer Mandatario de la Nación, en las faldas del cerro Llipi en la provincia Nor Lípez de Potosí, advirtió con nacionalizar mediante decreto todas las minas que le pertenecían a Gonzalo Sánchez de Losada y que ahora están bajo la administración de Sinchi Huayra.

La mina de Porco se encuentra a 50 kilómetros de la ciudad de Potosí en la región suroeste del Departamento, explota concentrados de zinc, plata y plomo.

Morales dijo también que su Gobierno respetará la propiedad privada y los proyectos del sector privado, pero señaló que “si molestan, el Estado estará obligado a recuperar los recursos naturales para el pueblo boliviano”.

El ministro de Minería y Metalurgia, Luis Alberto Echazú, afirmó que es incomprensible la actitud de los trabajadores mineros de esa cooperativa y que probablemente sea por la revisión de los contratos los mismos que continuarán ese proceso.

“Eso no quiere decir que vayamos a irrespetar los contratos con las cooperativas, pero aquí hay subcontratación”, afirmó la autoridad y agregó que el sector privado no tiene la potestad de hacer contratos de arrendamiento, sólo el Estado.

También se informó que la Comibol mediante un comunicado de prensa garantizó la inversión de todos los contratos de arrendamiento con las cooperativas mineras del país.

“El presidente ha dicho claramente que la inversión está garantizada siempre y cuando no hagan política y no generen estos problemas. Nos preocupa que se esté utilizando a trabajadores para hacer política y no actividad empresarial como es su tarea”

El argumento del Gobierno es que todos los contratos con las empresas mineras privadas que operan en el país, por Ley tienen que ser revisadas por el Poder Legislativo, sin embargo “ninguno de esos contratos cumplió esta orden constitucional”.

Entre los contratos que revisa el Parlamento se encuentran los de arriendo con Sinchi Huayra, de Porco, San Vicente, Colquiri y otros menores.

Por su parte el dirigente de los mineros cooperativistas de Porco, César Lugo, desmintió la publicación del medio de prensa potosino al afirmar que en ningún momento los trabajadores de Porco le declararon la guerra al Gobierno.

Según el dirigente en varias reuniones entre el Gobierno y los dirigentes de Porco se ha discutido sobre la transformación de los contratos de arriendo a riesgo compartido.

“En ningún momento los trabajadores hemos negado, más bien hemos propuesto para que los contratos de arriendo puedan ser transformados a riesgo compartido de manera que el tema económico vaya a favorecer al Tesoro General de la Nación”.

La solicitud de los trabajadores de base es mantener el actual sistema de trabajo dependiendo de algunas compañías para evitar dificultades.

Según el Ejecutivo, por las reuniones que Comibol tuvo con los ejecutivos de Sinchi Huayra, éstos estarían de acuerdo con la transformación de los contratos de arrendamiento o alquiler a riesgo compartido, pero paradójicamente los que se opondrían serían los propios cooperativistas, hecho que es calificado como un interés político.

Con todo, ese proceso se encuentra ya en el Parlamento, y el jueves el titular de Minería y Metalurgia fue citado para que brinde un informe al respecto, en tanto que representantes, no sólo de Porco, sino de muchas otras cooperativas sostienen reuniones con el Gobierno para aclarar la figura y garantizar sus fuentes de empleo.