Afirman que fue víctima de la vulneración de sus derechos constitucionales

Parlamentarios protestan por recluir a joven que apoya autonomías en Oruro

Congresistas descalificaron reclusión de universitario que propugna en Oruro, el cambio.

• Se informó que el imputado sería con probabilidad autor del delito de sedición.

ORURO, (ANF).- Miembros de la Comisión de Constitución del Parlamento se trasladaron ayer, a esta capital para conocer detalles y antecedentes del encarcelamiento del universitario Nelson Pérez Paco, quien fue recluido en el penal de San Pedro por mostrar su inclinación hacia las autonomías.

Pérez Paco fue imputado por la fiscal Cila Terán Luna, por la presunta comisión del delito de sedición, tras ser sorprendido portando una mochila conteniendo pintura en proximidades de la Prefectura del Departamento de Oruro, donde aparecieron las leyendas “Autonomía Ya” y “Chávez manda, Evo Cumple”.

VULNERACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES

El diputado Arturo Murillo (UN) visitó al joven en el penal para recoger su versión y en declaración a la prensa orureña, sostuvo que desde cualquier punto de vista Pérez fue víctima de la vulneración de sus derechos constitucionales. Advirtió que las autoridades involucradas en el hecho serán convocadas la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados para que presten su declaración informativa.

El titular del Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal, Marco Chambi Mejía, informó que el caso fue puesto en conocimiento de la fiscal Cila Terán Luna, la madrugada del sábado 10 de mayo a denuncia de un policía que argumentó haber sorprendido a Pérez Paco pintando la pared del edificio prefectural, junto a una mujer de nombre Susana Ballesteros, quien en versión de las autoridades policiales y judiciales, habría fugado para no ser detenida.

JÓVENES POR BOLIVIA

Sin embargo, miembros del grupo “Jóvenes Por Bolivia” al que pertenecen Pérez y Ballesteros, denunciaron que la joven se declaró en la clandestinidad y ahora busca un refugio o asilo seguro para evitar ser detenida, tras haber recibido amenazas telefónicas de diverso orden como “podrirse en la cárcel por atreverse a hablar de autonomías”.

El juez Chambi explicó que en la audiencia de medidas cautelares realizada la noche de domingo, se estableció que en este caso concurrían los requisitos que hacían viable la medida cautelar de detención preventiva. “Vale decir que el imputado sería con probabilidad autor del delito de sedición, esto por la afirmación efectuada por la autoridad fiscal y que por otra parte habría incurrido en el riesgo de fuga, ya que el imputado no generó ningún elemento de convicción que podría garantizar su presencia en los actos del proceso penal”, indicó.

Aclaró que quien atribuye la comisión de un delito es el representante Ministerio Público y no el juez, quien sólo compulsa antecedentes y emite una resolución.

¿SEDICIÓN?

Consultado sobre los argumentos para considerar el caso como sedición, sostuvo que la sedición no sólo significa alzarse en armas en contra de un gobierno legalmente constituido, sino también a través de otro tipo de actos como la presente manifestación.

“En un estado de derecho todos estamos sometidos por igual ante la ley y nos guste o no todos debemos ser respetuosos de nuestras autoridades. En ese sentido y más aún que nuestro Estado se encuentra sumido en una actual crisis social y política, considero que no es lo mismo escribir algún graffiti en esta situación que en otra”, aseguró al ratificar que en su criterio existieron indicios suficientes lo que no significa que sea prueba plena de la configuración de tipo penal como es la sedición.

CÓDIGO PENAL

Según el Artículo 123 del Código Penal que refiere a la sedición indica que “serán sancionados con reclusión de uno a tres años los que sin desconocer la autoridad del Gobierno legalmente constituido, se alzaren públicamente y en abierta hostilidad para deponer a algún funcionario o empleado público, impedir su posesión u oponerse al cumplimiento de leyes, decretos o resoluciones judiciales o administrativas, ejercer algún acto de odio o de venganza en la persona o bienes de alguna autoridad o de los particulares o trastornar o turbar de cualquier otro modo el orden público”.