Inseguridad jurídica
Bolivia está considerada como un país donde no existe seguridad jurídica y esto ahuyenta a los inversores. Este concepto que proviene del exterior tiene que ser tomado muy en cuenta porque por la forma de gobernar de quienes se encuentran en el poder nada es seguro para los empresarios tanto nacionales como extranjeros. Por lo que viene ocurriendo en territorio boliviano, las inversiones han disminuido y el Gobierno pierde credibilidad entre los inversionistas internos y externos, porque nadie quiere arriesgarse ante la falta de garantías para invertir en industrias, servicios y otros, ya que pueden ser objeto de las denominadas nacionalizaciones, medida política que en los últimos días fue aplicada en contra de varias empresas petroleras y de servicios.
La determinación asumida por el Gobierno el 1 de mayo del año en curso para nacionalizar empresas privadas extranjeras, entre ellas varias petroleras y una de telecomunicaciones, de las cuales cuatro responden a capitales europeos, ha causado molestia y preocupación en la Unión Europea, porque se está afectando a empresas del viejo mundo, por afanes protagónicos de quienes gobiernan el país. Parece que lo que buscaban las autoridades era presentarse ante los trabajadores, en su día, como una administración gubernamental que vela por los intereses y el patrimonio nacionales, cuando la realidad es que eran anuncios de carácter político dirigidos a congraciarse con las clases populares. Tampoco hay una explicación concisa sobre lo que realmente se está haciendo, porque antes que nacionalización se trataría de una compra por la fuerza de las acciones de las compañías y factorías que trabajan a nivel mundial, además que manejan grandes cantidades de recursos económicos.
Al llegar al poder una corriente política contraria al neoliberalismo, empezó a anunciar una serie de cambios que dice requiere el país para su desarrollo, lo que le permitirá luchar contra la pobreza. Esta tendencia política estatista y contraria a la iniciativa y al capital privados, dispuso la nacionalización de algunas empresas transnacionales que operan en territorio boliviano. Pero en resumidas cuentas no se trata de una nacionalización sino de una confiscación con cuentas a pagar por un determinado porcentaje de acciones, para que el Estado administre esas factorías. Esta forma de actuar gubernamental desorienta a la gente foránea, porque nadie sabe qué sucederá cuando asuma el mando de la Nación un nuevo Jefe de Estado.
Entre las empresas nacionalizadas el 1 de mayo de 2008 están cuatro que responden a inversionistas europeos: Entel con capital de Italia, Chaco de Gran Bretaña, Transredes de Holanda y CLHB de Alemania y Perú, lo que causa preocupación, sobre todo por la forma cómo se está aplicando esa medida. Este descontento fue expresado por el Director General de Relaciones Extranjeras de la Comisión Europea de la Unión Europea, quien aseguró que la actitud de la administración de Morales Aima, respecto a las empresas que responden a capitales europeos y que están en el proceso de nacionalización, no es favorable para la seguridad jurídica. Si bien la Unión Europea le dio respaldo al Gobierno boliviano, expresó su malestar por la compra de acciones por la fuerza por parte del Ejecutivo boliviano, lo que demuestra que esa forma de actuar es precipitada, sin un preacuerdo necesario.
Es importante tomar en cuenta que en el Perú el Director Adjunto de Comercio Exterior de la Comisión Europea declaró que las medidas que está aplicando el gobierno de Evo Morales están complicando las negociaciones entre la Unión Europea y la Comunidad Andina de Naciones, lo que dificultaría un Tratado de Libre Comercio. En todo caso las autoridades bolivianas están obligadas a actuar con mesura y no obstaculizar la tendencia de integración de los países andinos con los europeos. Lamentablemente, cuando la situación se complica, el Ejecutivo se limita a echar la culpa a Colombia y Perú, dos países de la Comunidad Andina de Naciones, responsabilizándolos de lo que está sucediendo con las relaciones con el Viejo Continente,
Pero si el Gobierno quiere captar inversiones para el país, tiene que brindar seguridad jurídica a las empresas extranjeras, lo que será posible cuando los miembros del Ejecutivo y los legisladores del oficialista Movimiento Al Socialismo, dejen sus posiciones retrógradas y se actualicen sobre lo que está pasando actualmente en el mundo.
