II

Fortalecer la Agricultura Familiar para retomar el rumbo de la Seguridad Alimentaria

Juan Carlos Alarcón y Nancy Camacho

 

La agricultura familiar desempeña un importante papel socioeconómico, ambiental y cultural, por ello, es necesario plantear propuestas que la empoderen, potencien, dinamicen y la visualicen, y una de esas acciones debe ser desarrollar y proponer agendas participativas en el marco de los objetivos de la campaña del Año Internacional de la Agricultura Familiar este 2014.

Desde Cipca planteamos la declaración de “el decenio de la Agricultura Familiar”, así como se hizo con los derechos de las mujeres y la lucha contra la pobreza luego del nombramiento de sus respectivos años internacionales, Naciones Unidas podría impulsar esto para que los Estados y Gobiernos incluyan y ejecuten políticas, planes y estrategias que la potencien dada su importancia para la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza, la generación de empleo, la conservación de la biodiversidad y la dinamización de la cultura, como una respuesta oportuna ante la crisis alimentaria, económica, energética y el contexto de cambio climático que vive el planeta.

En Bolivia existe un marco legal favorable a la Agricultura Familiar que facilitaría la implementación del decenio de ésta, nos referimos a la Ley de Revolución Productiva; la Ley de OECA y Oecom, la Ley Marco de la Madre Tierra, entre otras, cuya operativización aún es incipiente, pero sienta las bases para desarrollar políticas públicas más acertadas y eficientes para el acceso equitativo a la tierra y a los recursos naturales para los pequeños productores/as, la seguridad jurídica y el impulso a la gestión sostenible de tierras y territorios saneados y titulados, y el acceso a los mercados con precios justos, teniendo en cuenta que éstas son las principales causas estructurales del hambre y de la pobreza de este sector.

Es necesario que sean incrementadas las inversiones en el sector, pero con una lógica de concurrencia de recursos, asegurando presupuestos específicos para su desarrollo que deberán, sin duda, ser inscritos en los planes y programas que implementan los municipios y las gobernaciones según sus competencias en el marco de las autonomías. También es necesario que otros actores como las universidades y centros de investigación generen mayor información e investigaciones aplicadas a resolver la problemática que enfrentan las y los pequeños agricultores.

Es urgente una política integral de gestión, acceso y uso y de los recursos hídricos, porque el agua se constituye en un recurso escaso por el aumento irracional del consumo, los niveles de contaminación y por los efectos del cambio climático; es también un recurso primordial para la producción agropecuaria, sobre todo en los valles y altiplano del país. Asimismo, es vital valorar y respetar el derecho de las y los productores a producir sus propios alimentos según sus usos y costumbres y su cosmovisión.

No menos importante es la necesidad de generar sinergias y lazos de solidaridad entre las y los pequeños productores, quienes pueden potenciar canales de producción, transformación y comercialización, fomentando formas y modos asociativos que impulsen la participación de mujeres y jóvenes.

Todos los procesos arriba mencionados deben estar vinculados inevitablemente con inversiones públicas y privadas, tanto en infraestructura como en la generación y cualificación de capacidades; ello coadyuvará en una gestión sostenible de las iniciativas; sin dejar de lado la promoción de tecnologías e innovaciones apropiadas a los distintos contextos socioculturales, que impulsen procesos productivos, de transformación y comercialización de largo plazo. El “decenio” debería poner en el centro a las y los pequeños agricultores, dar valor a su trabajo, y ayudar a tomar conciencia sobre los hábitos de consumo de las personas, esto puede evitar que muchas personas mueran de hambre.

Finalmente, debemos trabajar profundamente en la educación, comunicación y el acercamiento de la sociedad urbana hacia la realidad rural y enfatizar que las 728.500 Unidades Productivas, son las que -en gran parte- sustentan nuestra seguridad alimentaria y son quienes no tienen acceso a los recursos como la tierra y medios para desarrollarse dignamente. Por tanto, para que mujeres y hombres se sientan orgullosos de ser productores campesinos indígenas, es necesario el reconocimiento, pero sobre todo la valoración, por parte del conjunto de la sociedad, de ese aporte a la producción sostenible de alimentos y a la conservación de los recursos naturales.

Juan Carlos Alarcón es Director de CIPCA Cochabamba y Nancy Camacho es agrónoma de CIPCA Cochabamba.

www.cipca.org.bo

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