El proyecto de modificación de la Ley 843 sobre la ampliación del Impuesto Al Valor Agregado (IVA) a los servicios digitales, no solo pasa por el acceso a datos personales de las personas y el cobro de tributo a todo que utilice el internet, sino debería ser un espacio para abrir el debate para una reforma impositiva en los tres niveles del Estado y también incluye el Pacto Fiscal, ante los problemas serios que se tienen por la falta de ingresos, reflexionó el economista Gabriel Espinoza.
Ante las observaciones realizadas por analistas económicos al proyecto de Ely que grabará todos los servicios que la persona utilice en la internet, Espinoza explicó que a nivel mundial recomiendan los organismos internacionales por implementar dos caminos, uno un acuerdo con las empresas para facilitar el cobro y aplicarla, y las otras, por la que sigue la actual administración de estado, cobrar directamente.
Pero el economista va más allá al indicar que el fondo de la discusión de la propuesta gubernamental no pasa por el costo y beneficio o a qué sector llegará, sino por la falta de ideas nuevas para solucionar el problema fiscal y de financiamiento que tiene la administración actual.
“No aplica medias estructurales para enfrentar los problemas, sino (implementa) medidas parche”, apunta e indica que contrapone a una población “rica” y otra pobre con el argumento de redistribución
Otro elemento que señala, por el que va el Gobierno está la dicotomía ricos y pobres, y se castiga a clase media
Sostuvo que el tema tributario recae sobre un grupo reducido, y cada vez con mayores cargas impositivas, y no se asume una reforma tributaria de consenso nacional.
Explica que la discusión nacional se debería enmarcar en una reforma fiscal, incluido un pacto fiscal, los tres niveles de gobierno, para conocer la capacidad contributiva y también para conocer quiénes deben empezar a tributar, y saber sí se puede aumentar más o no.
Recordó que la 843 no se modificó desde los años 90. Y ahora que el Gobierno sigue sin plan y un norte difuso, urge la necesidad de reformas estructurales.
“Todos los esfuerzos recaudacionistas van en contra del sector privado, de las familias y del aparato productivo en general”, apuntó.
Observaciones
Varios economistas ya señalaron que la actual ley impositiva requeriría una actualización, en el marco de la nueva constitución, ya que requiere la incorporación de nuevos sectores, como los cocaleros o los mineros cooperativistas.
La informalidad aumentó debido a la presión tributaria, y muchos emprendimientos prefieren operar al margen de las normas debido a la burocracia y a la imposición de nuevos impuestos y la fiscalización, y las multas.
Aunque en reiteradas oportunidades las autoridades nacionales rechazaron de que en Bolivia la presión tributaria sea alta a comparación los vecinos, los datos muestran que están por encima de algunas naciones.
En 2019, se informó que la presión tributaria en Bolivia llega a sólo al 17,7 % (incluidos los impuestos que recauda la Aduana Nacional) del Producto Interno Bruto (PIB).