En días anteriores, circuló en un portal de internet de Santa Cruz una noticia que habla de un “ultimátum” al Presidente para nombrar a Teresa Negrete Aguirre como nueva Presidenta de la Aduana Nacional, respaldándola para su inmediata posesión, misma que incluye una sorprendente nota firmada por algunos representantes de organizaciones sociales y sindicales que además no forman parte del Pacto de Unidad, la mayoría desconocidas y limitadas al área rural del Departamento de La Paz (Asociación de Comerciantes en Pescados del Desaguadero, Asociación Productores Agropecuarios del Illimani, comerciantes minoristas provinciales La Paz, Coordinadora nacional de Autoconvocados, Juventudes del MAS La Paz, COB Regional Villazón, Alba del Oriente, Asociación de Bases Unidas Amautas y otras similares), en la que se reivindica un derecho -inexistente- a nombrar autoridades impuestas por ellas y no a otras.
En la misma misiva, sostienen que la citada Sra. Negrete es la persona idónea para reconducir la Aduana por el camino de la “humanidad”. Amén de las razones que tengan para proponer nombres de personas que consideren idóneas para un determinado cargo, lo que resulta preocupante es la determinación tomada en el literal cuarto, donde dicen imperativamente que “la designación de la compañera en el referido cargo deberá realizarse de manera inmediata.”
El artículo 159 numeral 12 de la Constitución Política del Estado, establece como atribución de la Cámara de Diputados el proponer ternas a la Presidenta o Presidente del Estado para la designación de Presidentes o Presidentas de entidades económicas…”, y el Art.172 numeral 15 de la misma, otorga como atribución de la Presidenta o del Presidente, la de nombrar a dichas autoridades. Ambas prerrogativas son atribuciones y obligaciones constitucionales cuyo cumplimiento es indelegable, inexcusable e impostergable, y las autoridades señaladas en él son corresponsables de su exacto cumplimiento.
La misiva objeto de esta nota, debe movernos una vez más a la reflexión sobre si en Bolivia se vive o no en un Estado de Derecho. La Aduana Nacional, así como otras entidades económicas y sociales gravitantes para el desarrollo e institucionalidad del país, lleva más de 20 años con autoridades nombradas interinamente, sin haber seguido el concurso debido para la selección, propuesta y nombramiento de las autoridades idóneas previsto en la Norma Fundamental. A esto se debe añadir el exceso en las supuestas prerrogativas de estas desconocidas organizaciones sociales que a ese título se acaban arrogando, por no decir usurpando, atribuciones que son exclusivas de los Órganos Legislativo y Ejecutivo. Esto no puede pasar inadvertido porque está llevando al país a un vacío de poder altamente peligroso.
La misiva aquí comentada no es un simple requerimiento o planteamiento, como dice su nota introductoria, todo lo contrario, es un imperativo carente de respeto a la investidura presidencial y un desconocimiento de la Constitución.
Por ejemplo, el Art. 199 parágrafo II de la misma Constitución, reconoce que las organizaciones de la sociedad civil podrán proponer candidatos al Tribunal Constitucional, pero en ningún caso esta prerrogativa implica arrogarse atribuciones que le competen exclusivamente a otros órganos del Estado.
Este podría constituirse en un precedente nefasto para el gobierno del presidente Luis Arce si él acaba cumpliendo con el imperativo (“deberá”) de la mentada misiva, y es que esto significaría que el propio Presidente ha decidido resignar sus atribuciones constitucionales a favor de terceros que no proponen o sugieren de forma sobria y decorosa, para nada, sino que, en franco desconocimiento del orden constitucional vigente, le ordenan al Primer Mandatario a cumplir con el nombramiento que hicieran de la citada Sra. Negrete y de manera “inmediata”.
Este antecedente debe movernos a una reflexión aun mayor y que este periódico la viene sustentando desde hace tiempo como una cruzada quijotesca. Se trata de que tanto el Órgano Legislativo como el Ejecutivo cumplan con su obligación constitucional de convocar de forma pública y transparente a concurso de méritos –profesionales y éticos– para la selección, propuesta y nombramiento de las autoridades titulares de la Aduana Nacional así como de otras entidades públicas del ámbito económico y social. Hemos dicho innumerables veces que no hacerlo implica también responsabilidad por la función pública debido al incumplimiento de un mandato constitucional, que además dé las garantías de transparencia y equidad en el proceso de selección.
La Aduana, actualmente al mando de la también presidenta interina, Dra. Karina Serrudo, ha tenido varias denuncias de irregularidades, ineficiencias y abusos en diferentes medios de difusión. Basta citar las denuncias que presenta el diario El Deber sobre cobros irregulares a una mujer que traía medicamentos para su hija discapacitada, también las verificaciones irregulares y abusivas de todas las valijas de pasajeros que llegan a Viru Viru para decomisar los productos de los pasajeros, o las denuncias mucho más serias de la Cámara de Comercio sobre los cambios quincenales de autoridades perjudicando gravemente al comercio exterior, en fin, son innumerables las denuncias. Es claro que todo esto sucede porque no ha habido una convocatoria para el concurso de méritos y la selección, propuesta y nombramiento de un titular como manda la Constitución.
Durante el gobierno de la ex presidenta Jeanine Áñez, se nombró a cuatro Presidentes interinos de la Aduana en un año, provocando mayor incertidumbre en la institución, razón por la cual, la bancada legislativa del MAS, en ese entonces con 2/3 de los votos, insistió que había llegado el momento de llamar a estas convocatorias y seleccionar a todos los titulares de instituciones tan importantes como la Aduana Nacional, YPFB, BCB, Impuestos Nacionales, etc. Nunca se hizo. Todas esas “buenas intenciones” acabaron como siempre durmiendo el sueño de los justos, aunque en la presente legislatura el presidente de Diputados, Freddy Mamani, retomó el tema, pero sus esfuerzos al parecer quedaron encarpetados.
En un momento en el que la oposición y otros sectores de la sociedad civil cuestionan la autoridad del Presidente, esta nota lo ha puesto en una encrucijada difícil: 1) si nombrara a Negrete, corre el riesgo de confirmar la percepción de su falta de autoridad para conducir al Estado, 2) si no la nombra, rebatirá a sus críticos y consolidará su mando, y 3) si a la par, pide a la Asamblea Legislativa que se convoque a concurso de méritos para nombrar titulares, le habrá hecho un gran bien a la institucionalidad del país, y sobre todo, habrá cumplido con su deber constitucional.
Antonio Cabrera es Presidente del CCC “20 de Octubre”.