Los representantes de tres pisos ecológicos del altiplano de La Paz, los valles de Cochabamba, Chuquisaca, así como de la gran Chiquitania boliviana, se pronunciaron contra el tráfico de tierras en Bolivia, en un encuentro nacional de promotores del uso sostenible de la tierra.
Los participantes exigieron al gobierno de Luis Arce, tomar medidas inmediatas contra el tráfico de tierras. Problematizaron la situación actual en grupos de trabajo y plenarias.
El trabajo de los promotores estuvo guiado por las siguientes preguntas clave: ¿cómo denunciar al agronegocio que depreda y afecta al medio ambiente en Bolivia? y ¿qué se puede hacer para promover y fortalecer la agricultura familiar en las comunidades y municipios? Después de varios planteamientos, los promotores adoptaron una declaración conjunta que contiene nueve demandas al gobierno nacional y organizaciones sociales del sector campesino indígena.
Entre ellas están: Solicitar la investigación independiente y documentada respecto a los procesos de tráfico de tierras en, al menos, los últimos 12 años (2009-2021). Tanto en los gobiernos de Evo Morales, Jeanine Añez y el actual gobierno de Luis Arce; también exigen transparencia en el manejo de información agraria, promoviendo el acceso a expedientes e información agraria y propiciando informes periódicos (anuales y semestrales) con mayor precisión sobre las dotaciones de tierra, los beneficiarios y el estado de las tierras fiscales en Bolivia.
Plantean fiscalización de todas las irregularidades de dotación de tierras bajo la lupa del Poder Legislativo, que debe cumplir con la tarea fundamental de esclarecer los actuados a tiempo; y la intervención inmediata del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para iniciar una auditoria de alto nivel e independiente y externa sobre todos los casos con antecedentes de tráfico de tierras, especialmente en el departamento de Santa Cruz.
Sugieren paralizar los tramites de autorización de asentamientos del INRA y los procesos de saneamiento con antecedentes de tráfico de tierras, especialmente de las grandes propiedades que superan el límite constitucional de 5 mil hectáreas.
Exigen el pronunciamiento público de las organizaciones sociales matrices de base campesina e indígena, que representan a los campesinos en sus diferentes estructuras; también nombrar a las máximas autoridades agrarias de acuerdo a la ley, no al dedazo político, en cumplimiento de la Ley de tierras que señala como deber del Presidente del Estado, nombrar al Director del INRA, a partir de una terna de postulantes seleccionados por la Cámara de Diputados (Ley 3545, artículo 20).
Solicitan tierras fiscales para las comunidades indígenas y campesinas que califican por ley. Según la Ley INRA 1715 y la Ley de Reconducción Comunitaria 3545, la dotación de tierras fiscales se debe realizar de forma equitativa y a quienes realmente viven de la tierra y en el territorio.
Y, finalmente, otorgan su respaldo y apoyo a las instituciones independientes que generan información confiable y documentada. No a la persecución ni amedrentamiento de todos los actores que trabajan por la investigación transparente sobre tráfico de tierras.