Definitivamente, no vivimos en un mundo justo. Probablemente esta podría ser una afirmación menos cuestionable desde la teoría política, evitando soslayar que es, al mismo tiempo, la encargada de proporcionar a la sociedad múltiples teorías desarrolladas que sugieren una gama amplia de mecanismos y soluciones alternativas a cuestiones relativas a la vigencia y el acceso a la justicia.
Penosamente, advertimos que tales ideales se han convertido en quimeras lejanas e inalcanzables, pues ella está minada por la injerencia de un poder político que no ha dudado en socavar su naturaleza y espíritu que, otrora, confería sentido y razón de su existencia, arrastrándola inexorablemente hacia la degradación y anomia flagrante. Ello podría explicar el debilitamiento sistemático de ese principio universal que orienta la aplicación del derecho que procura y asegura que los operadores de justicia obren guiados por la ética, la verdad, objetividad, igualdad y equidad, concediendo a cada uno lo que les corresponde.
Es tarea del gobierno garantizar y asegurar a los ciudadanos un acceso a la justicia en igualdad de oportunidades, sin sufrir discriminación alguna; la generación de escenarios propicios que permitan efectivizar y materializar aquellos derechos que han sido vulnerados o exigen ser reconocidos a quienes acuden al sistema de justicia para resolver sus conflictos; vigilando que las resoluciones emanadas cumplan con los más altos principios de “celeridad”, “transparencia”, “cercanía”, “igualdad” y “objetividad”.
El acceso a la justicia refiere a un conjunto de derechos que no está restringido al simple acto de analizar los servicios que se prestan desde una o varias ramas del poder público; pues abarca un amplio abanico de derechos concernientes con garantías y derechos colegidos y reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos; siendo uno de ellos el derecho a un recurso efectivo, eficaz, idóneo y pertinente para la pretensión que exige todo aquel que accede al sistema; al igual que las garantías judiciales, la equidad e igualdad ante la ley.
No obstante, resulta irrebatible señalar que los problemas de administración y acceso a la justicia están entrelazadas a un cumulo de realidades complejas y multidimensionales, donde se avizora intereses de grupos de poder corporativos; quienes, además de subyugarla y cooptarla, también la han corrompido. Todo ello, junto a la emergencia de un clientelismo político exacerbado e inescrupuloso que promueve intercambios personalizados de ciertos favores, privilegios, influencias y ventajas desmedidas, hábilmente ocultas que ahondan una crisis estructural de larga data, cuyas vías de resolución se muestran lejanas e inalcanzables.
Irónicamente cuanto más se profundiza en el análisis del estado situacional de la justicia, su administración y acceso –pese a la creciente desconfianza que recae sobre ella–, también se acrecienta la demanda por la justicia. Al parecer, esta evidencia otorga cierta lógica a un verdadero contrasentido: “cuanto más grande es la detracción y censura hacia el sistema de administración de justicia, más grande es la solicitud y demanda por parte de la población”.
Lo cierto es que la justicia cojea y adolece de problemas estructurales enraizados e irresueltos, cuyos males quedan externalizados en la retardación de justicia, incremento de la mora procesal, insuficiente cobertura geográfica de servicios judiciales; el acceso limitado a grupos y sectores más vulnerables, corrupción e impunidad arraigada en todos los niveles; el tráfico de influencias, politización de la justicia; falta de políticas de actualización, perfeccionamiento e incorporación de nuevas tecnologías de la información en la gestión judicial y, principalmente, la institucionalización de la carrera judicial, que bien podría asegurar la independencia del poder judicial de los partidos políticos de turno.
El autor es catedrático universitario e investigador.