En un país mediterráneo, y tan poco vertebrado vialmente, como Bolivia, resulta inconcebible que un sector como el del servicio internacional de carga pesada se oponga a la reactivación del ferrocarril Arica-La Paz, porque considera que este centenario medio de transporte atenta contra su fuente de empleo, que consiste en una poderosa y millonaria flota de camiones de última generación, donde la propiedad de sólo uno de esos vehículos está muy lejos de pertenecer a un simple autobusero y menos a un auténtico militante del Socialismo del Siglo XXI, cuya hambre de expropiar la riqueza, a guisa de redistribuirla, es proverbial.
Recordemos que ese tramo ferroviario fue construido por el gobierno de Chile, como una suerte de soborno consuelo, por la usurpación territorial y marítima que nos infringieron, según lo establecido en el leonino Tratado de 20 de octubre de 1904 y en la Convención sobre la Construcción y Explotación de dicha vía férrea de 27 de junio de 1905. Si bien es cierto que tal acto de barbarie significó nuestro injusto enclaustramiento, no es menos cierto que esa vía fue una precaria salida al Pacífico, que aminoró nuestra asfixia.
Sin embargo, mientras los países del primer mundo o “el mundo desarrollado”, mantienen su sistema ferroviario como una base fundamental de su economía, la impronta de una industria automotriz emergente obligó a los subdesarrollados a elegir la construcción de carreteras, en lugar de las vías férreas, bajo el sagaz argumento de que ella impulsaba la creación de múltiples industrias: como llantas, baterías, bujías, etc., cosa que no impulsa el ferrocarril. Venezuela es un ejemplo palpable de esta política, al ser uno de los países más ricos del continente y no contar con líneas férreas de importancia.
Fue ahí donde se inició la obra de la carretera a Tambo Quemado, postergando el ferrocarril que partía desde la misma plaza Antofagasta de La Paz (hoy terminal de Buses). Para dicha empresa se levantaron los rieles que unían a la capital con El Alto, y sobre ese mismo tramo se construyó la autopista actual. Quien haya viajado al Cusco, convendrá que ambos servicios podían haber sido mantenidos, no sólo para el transporte de carga, sino para el de pasajeros y para el turismo.
Ahora bien, esta empresa que fue capitalizada, ahora está en manos nuevamente de súbditos extranjeros, entre los que figura un súbdito venezolano que, sin ser tan Gil, pareciera ser el mayor accionista de esta línea. Es aquí donde se plantea el gran inconveniente para el gobierno socialista, de defender los recursos del Estado y acordar con los mismos transportistas la creación de una empresa que se haga cargo de la administración de esa ferrovía que tanto los perjudica, y no así la línea oriental que une Santa Cruz con Corumbá-Brasil.
Entretanto, no dejamos de observar la curiosa coincidencia existente entre la reiniciación de operaciones del ferrocarril Arica – La Paz, con el inicio de las charlas que el gobierno sostiene con el agresor transandino, es de esperar que éstas no desemboquen, como de costumbre, en el tren de la vergüenza.