Gobierno y empresarios debemos suscribir el “Gran Pacto Público–Privado por la Productividad y el Empleo en Bolivia”, que permitirá concertar políticas y acciones efectivas, eficaces y oportunas ante la grave crisis económica, social y de pandemia que atraviesa Bolivia.
En el marco de esta iniciativa se propuso al gobierno generar alianzas público-privadas que promuevan y faciliten la inversión a partir del trabajo de un Consejo Técnico que canalice iniciativas en ámbitos tributarios, laborales, financieros y sectoriales.
El reciente congreso empresarial, que reunió a 74 máximos representantes de las 25 entidades afiliadas y más de 100 organizaciones e instituciones de diversos sectores de la economía privada del país, aprobó el documento denominado “Declaración de La Paz”, que en resumen señala:
– Priorizar la vacunación total en el país, y constituir junto al sector privado, un Comité de Inmunización para acelerar el proyecto. Se ofreció apoyar las políticas y planes estatales para alcanzar este objetivo, colaborando en la provisión de vacunas y la cadena de suministro de las mismas hasta los beneficiarios finales.
– Implementar un plan de salvataje, sostenimiento y creación de empleos, sobre la base de la propuesta presentada por la CEPB y el programa de financiamiento elaborado por la institución.
– Conformar equipos de trabajo, que realicen un análisis minucioso y detallado de la normativa que atenta contra los derechos de los empresarios.
Como Cámara Nacional de Comercio de Bolivia hemos solicitado a los órganos del Ejecutivo y Legislativo, en sus niveles Nacional, Departamental y Municipal, la “urgente” implementación de una “Ley Nacional de Pausa Regulatoria e Impulso a la Inversión”, para así afrontar la mayor crisis de nuestra historia.
– Realizar las gestiones necesarias ante los gobiernos departamentales y municipales de todo el país, para promover el modelo de alianzas público-privadas para dinamizar la economía, generar empleo digno y prosperidad para todos los bolivianos.
– Ratifican su vocación de diálogo y exhortan a las autoridades del Estado a encaminar estos espacios imprescindibles de diálogo y encuentro con la concurrencia de la iniciativa privada en Bolivia.
En la gestión 2020, la economía nacional registró retrocesos de varios años. El PIB cayó en cerca de 11%, porque se dejó de producir unos 4.400 millones de dólares en bienes y servicios; las recaudaciones tributarias disminuyeron cerca al 30 % y la tasa de desempleo bordeó el 12 %, con más de 400 mil bolivianos desocupados.
Las Reservas Internacionales Netas continúan cayendo a un ritmo vertiginoso. El más reciente reporte del BCB señala que está en el rango de los 4.600 millones de dólares, de los cuales únicamente el 42 %, es decir 1.950 millones de dólares son divisas, monto que alcanzaría para 3 meses de importaciones.
Cayeron las exportaciones en aproximadamente 21%, lo cual implica una pérdida de ingresos cercana a los 2.000 millones de dólares. Nuestras importaciones también cayeron cerca al 28 %.
Se estima que el contrabando es de aproximadamente 3.000 millones de dólares, equivalente al 7,5 % del PIB.
Hemos acabado el 2020 con una deuda externa que asciende a 12.171 millones de dólares y una deuda interna que sobrepasa los 18.000 millones de bolivianos de acuerdo con informes del Gobierno Nacional.
Ante este complejo panorama, las calificadoras de riesgo: S&P Global Ratings, Moody’s y Fitch Ratings rebajaron la calificación crediticia de Bolivia, evidenciando la erosión de las reservas fiscales y cambiarias, y vaticinando un deterioro en las perspectivas de crecimiento.
En este escenario, la CNC propone:
– El valor de contrabando asciende a 3.000 millones de dólares que afecta al erario y a la competitividad de los empresarios.
– Institucionalización de la Aduana Nacional;
– Alianza público-privada que permita poner en marcha el Plan Nacional de Logística con todos sus ejes estratégicos;
– Poner en marcha la Ventanilla Única de Comercio Exterior de Bolivia (VUCE-B) para facilitar las operaciones del comercio exterior;
– Nuevo sistema regulatorio para el sector empresarial formal, que lo haga más competitivo en la región en los ámbitos tributario, laboral, financiero y sectorial.
– Definir una política arancelaria acorde a la situación y el contexto internacional y regional;
– Establecer una política de integración regional clara que permita a Bolivia acceder, por un lado, a los beneficios de acuerdos como el Mercosur, CAN, Alianza del Pacífico y Comunidad Económica Europea, entre otros.
La Cámara de Comercio destacó que el acuerdo público privado más eficiente y productivo para el Estado Boliviano es el que se tiene con Fundempresa, habiendo logrado consolidar y modernizar el “Registro de Comercio”, brindando al servicio transparencia y confiabilidad, además de haber aportado al Estado más de 30 millones de dólares por concepto de derecho de concesión.
La pandemia del covid-19 y la recesión económica mundial comparable a la de 1929, tuvieron un impacto directo en la economía del país, incrementando la incertidumbre, generando una abrupta contracción de la oferta y la demanda, y provocando el cierre de operaciones empresariales con fuentes de empleo e inversión que se perdieron en 2020 en un escenario altamente adverso.
Los empresarios destacaron el rol del ciudadano emprendedor que, día a día, contribuye con su trabajo y esfuerzo, asumiendo riesgos y desafíos permanentes, ratificando diariamente su compromiso con el engrandecimiento y bienestar del país.
El autor es Académico de Número de la ABCE (Academia Boliviana de Ciencias Económicas).