Posesionan a Jaime Durán como nuevo Gerente de Gestora Pública

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, posesionó a Jaime Durán Chuquimia como Gerente General de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, en reemplazo de Pablo Mauricio Salazar Pérez, quien presentó su renuncia al cargo por motivos personales.
La designación del cargo se efectúa en cumplimiento a la Resolución Suprema N° 27523 del 17 de mayo de 2021.
Montenegro destacó el aporte de la Gestora Pública en el pago de la Renta Dignidad y el pago del Bono contra el Hambre que contribuyen a fortalecer la redistribución de ingresos.
“Para mí es un honor y una gran responsabilidad administrar la Gestora Pública”, declaró la flamante autoridad luego de su posesión.
En la actualidad la Gestora Pública se hace cargo de la administración y pago del beneficio de la Renta Dignidad desde enero de 2018, poniendo en funcionamiento oficinas de atención al público en todo el país.
Observaciones
En junio de 2020, el entonces gerente de la Gestora, Sergio Flores, denunciaron contratos millonarios de software con daño económico al Estado.
En esa ocasión, Flores dijo que el señor Arce Catacora, en su calidad de exministro y presidente del directorio de la Gestora debe responder ante estos hechos de corrupción.
Los contratos observados fueron realizados con dos empresas, una panameña y otra colombiana, con el objetivo de que la Gestora cuenta con el software apto para migrar los datos desde las AFP y encargarse de la gestión de los fondos de jubilación. Sin embargo, ambas contrataciones no dieron resultados, según publicó Erbol, en esa fecha.
Flores explicó que en el caso de la empresa Sysde de Panamá se hizo la contratación por 5 millones de dólares y se pagó 3.8 millones, pero nunca se tuvo el software.
Respecto al segundo contrato, con la empresa Heisohn de Colombia, informó que el contrato es de 10,4 millones de dólares para una “supuesta compra”, del software, pero en realidad era una clase de alquiler, porque el Estado aún debía pagar 1,6 millones de dólares al año por concepto de licencia y código fuente. Ese contrato, además, se había firmado durante los conflictos de octubre de 2019. Con datos del periódico opinión de esa fecha.