Gobierno asegura que no utilizó recursos de AFP

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) informó que ni el Gobierno ni nadie pueden usar los aportes que los trabajadores realizan a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para cualquier fin ajeno a lo dispuesto en la Ley No. 065 de Pensiones.
El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Miguel Roca, denunció el jueves que el Gobierno central retiró de las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP), 3.600 millones de bolivianos “para financiar la burocracia y el gasto corriente”.
A tiempo de lamentar la demora en el tratamiento del proyecto de ley para la devolución de los aportes a los trabajadores, el asambleísta opositor aseveró que el retiro del dinero de las AFP por parte del Gobierno es “un despilfarro”, según publicó Radiofides.
“Aunque todas las semanas lo anuncian en la agenda parlamentaria no lo presentan (el proyecto de ley de devolución) y la sospecha se hace más grande cuando nos enteramos que solo el primer trimestre de este año el Gobierno ha sacado más de 3.600 millones de bolivianos de las AFP”, sostuvo.
Entretanto, una nota de prensa del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas calificó a las declaraciones de irresponsables. “Esta afirmación solo evidencia una falta de conocimiento de la normativa legal vigente y de los datos de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) publicados en su página web”.
Se recuerda que la Ley No. 065 de Pensiones establece que los recursos administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) se constituyen como patrimonio autónomo y diverso del patrimonio de las AFP, son indivisos, imprescriptibles e inafectables por gravámenes o medidas precautoria de cualquier especie, incluso cualquier mal manejo de estos recursos se encuentra tipificado como delito previsional.
La adjudicación de Valores del Tesoro General de la Nación (TGN), a través de mecanismos como lo son el sistema de subasta y mesa de dinero administrados por el Banco Central de Bolivia (BCB), se encuentran abiertos a cualquiera de las entidades financieras habilitadas para participar bajo la normativa vigente.
Recordar que los mecanismos son de participación voluntaria, en este sentido, las AFP por libre decisión, demandan Valores del TGN, en las subastas públicas y mesa de dinero del BCB y su adjudicación representa una inversión generando una rentabilidad a un mínimo riesgo, constituyéndose en decisiones de inversión en su calidad de administradores.
En lo referido a inversiones realizadas con los Fondos de Pensiones, se recuerda que por políticas económicas de anteriores gobiernos neoliberales, la mayor parte de las inversiones realizadas por las AFP se encontraban concentradas en el sector estatal, en la gestión 2006, alcanzaron la suma de $us 1.718 millones que representaban un 76% del total de ese entonces, a diciembre de 2020, las inversiones en este mismo sector alcanza a $us5.041 millones que representan un 24 % del total de los fondos del Sistema Integral de Pensiones (SIP).
Se puede identificar que las inversiones que realizan las AFP en ese sector, si bien fueron creciendo a lo largo de los años, estos se redujeron a casi una cuarta parte en cuanto a su porcentaje de participación de dichos fondos, debido a que desde el 2006 con las nuevas políticas del Gobierno Plurinacional, se corrigió el déficit corriente, razón por la que el TGN no tuvo necesidad de continuar con emisiones de instrumentos financieros, que sangraban económicamente al Estado.
Como se recordará, en el Gobierno de Sánchez de Lozada se obligaba a las AFP a adquirir bonos del Tesoro para cubrir el pago de ese entonces, Bonosol. La normativa está y los mecanismos también para que el Gobierno cuente con recursos.
Entre tanto, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Rolando Kempff, dijo que se requiere recursos frescos para reactivar la demanda interna, apoyo a las empresas e industrias.
En ese contexto, señaló que existe el mecanismo para la emisión de bonos por más de 3.000 millones de dólares, cuya autorización ya habría sido aprobada por el Legislativo.