Miami.- «Esta grave afrenta contra la libertad de prensa en Nicaragua merece nuestro más profundo repudio. Porque es evidente que el gobierno de Daniel Ortega está empecinado en borrar del mapa a los medios de comunicación y periodistas independientes, así como a sus opositores políticos, para allanar su camino hacia las elecciones de noviembre». Así se expresó el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Jorge Canahuati, en referencia al nuevo allanamiento a las oficinas de la revista Confidencial y su grupo de medios.
La Policía Nacional allanó el jueves alrededor de las nueve de la mañana el estudio de grabación de los programas de televisión Esta Semana y Esta Noche, y la redacción del medio digital Confidencial. Esas oficinas fueron instaladas de forma provisional tras el asalto y la confiscación de su sede en diciembre de 2018. En una denuncia pública, Carlos Fernando Chamorro, director del grupo de medios, informó sobre los detalles la censura indirecta a la que quedaron expuestos los medios.
Canahuati, presidente de Grupo Opsa, de Honduras, condenó la nueva acción del régimen de Ortega contra el medio, la que, dijo, «tiene la clara intención de silenciar a la prensa independiente, lo cual no ha logrado por la perseverancia, la transparencia y el sentido de responsabilidad de los colegas nicaragüenses, que enfrentan a una dictadura que insiste en suprimir las libertades sociales e individuales».
La Policía confiscó cajas y equipos del estudio de grabación. También fue detenido durante seis horas el camarógrafo Leonel Gutiérrez, quien fue trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial. Asimismo, fueron arrestados varios periodistas que cubrían la ocupación.
Tras expresar la solidaridad de la SIP con los colegas nicaragüenses, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa, Carlos Jornet, coincidió con Canahuati al expresar: «No tenemos dudas de que el objetivo de esta nueva acción contra Confidencial es hacer desaparecer a la prensa independiente y a la oposición, de cara a las elecciones presidenciales de noviembre próximo. Pudimos comprobar que, además de la prensa, el régimen busca frenar las distintas alternativas políticas». Y agregó: «El allanamiento viola abiertamente los puntos 5, 9 y 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión aprobada en el año 2000 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que veda la censura previa, las presiones directas o indirectas, la intimidación y el uso del poder del Estado para castigar a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas».
El Ministerio Público citó ayer a Cristiana Chamorro, precandidata presidencial, exdirectora de la organización Fundación Violeta Barrios de Chamorro y hermana del director de Confidencial, para que responda este viernes por una acusación por presunto delito de lavado de bienes y activos. La Fundación suspendió sus operaciones en el país en febrero tras negarse a seguir operando bajo el control de ley de Regulación de Agentes Extranjeros. La ley exige a las organizaciones sin fines de lucro inscribirse como «agente extranjero» y declarar las donaciones que reciben.
Canahuati y Jornet, director de La Voz del Interior, de Argentina, coincidieron en que la situación de libertad de prensa y la situación política del país se ha deteriorado. Añadieron que el gobierno de Ortega viene utilizando todos los instrumentos legales y judiciales en contra de medios, periodistas y opositores. En su reciente informe semestral, la SIP remarcó el deterioro paulatino y sistemático de las libertades de prensa y expresión en el país centroamericano.
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.