La designación y posesión de Edwin Blanco Soria como nuevo juez de sentencia, por parte el Consejo de la Magistratura, fue cuestionada por abogados consultados por EL DIARIO, quienes recordaron que el exfiscal departamental de La Paz fue uno de los que acusó al médico Jhiery Fernández por una violación que nunca existió y sin ninguna prueba que sostenga el extremo.
El viernes 21 de mayo de 2021, los consejeros de la Magistratura entregaron títulos de designación a nuevos jueces de carrera de la jurisdicción ordinaria, en la ciudad de Sucre, entre ellos Edwin Blanco.
En criterio de la abogada Zuleyka Lanza, que patrocinó a Sandra Madeni, procesada en el caso bebé Alexander, la posesión de Blanco “responde a favores políticos” porque Bolivia no olvida la “nefasta” actuación del ahora juez, en varios casos.
“Edwin Blanco es un operador del masismo que ha armado casos, que ha robado pruebas de la Fiscalía, culpable de la condena de un inocente y de una profesional médico que ha sido condenada por las pruebas falsas en un caso como es el del bebé Alexander”, recordó.
Lanza dijo que Edwin Blanco desapareció pruebas del caso de trata y tráfico que involucraba a la expareja de Evo Morales, Gabriela Zapata.
“Está claro que esos favores políticos que él ha hecho al Gobierno en su momento, están siendo devueltos y pagados. Como lo dijo el Ministro de Justicia, el cargo debería ser ocupado por una persona idónea, completamente alejada de la política, pero lo que muestra es que el gobierno de Luis Arce está posesionando a las personas que en su momento les tendrán que devolver los favores políticos. Rechazamos este nombramiento porque es una persona nefasta en el poder judicial”, apuntó.
La jurista recordó que como defensa técnica de Sandra Madeni, interpusieron procesos penales en contra de Blanco, al igual que el médico Jhiery Fernández y que además salió mal de la Fiscalía, por lo que no tiene moral para ejercer el cargo de juez.
“Se están poniendo operadores de justicia para poder cumplir sus nefastos planes en el país. El MAS está moviendo sus alfiles para poder cobrar y así poder sembrar miedo en la población”, lamentó.
Por otro lado, el abogado Eusebio Vera apuntó que el 80 por ciento de las nuevas autoridades designadas para La Paz ya tuvo experiencia en la administración de justicia, en sus diferentes niveles, desde fiscales, jueces, auxiliares, oficiales de diligencias y secretarios.
“Las designaciones han respondido a ciertos favores de aspecto económico. En el devenir de sus funciones, algunos de los nuevos designados, han tenido participación en connotados casos, como el caso del doctor Alan Zárate que estuvo a cargo, como juez jurisdiccional, en el caso Banco Unión. No menos sorprendente fue la designación del doctor Blanco Soria, que fue un nefasto fiscal de distrito, en el que se han cometido los errores en uno de los casos más negros en la historia de la justicia en Bolivia, estoy hablando del caso del bebé Alexander, con pruebas amañadas y manipuladas”, cuestionó Vera en contacto con EL DIARIO.
En ese marco, lamentó que mientras el Gobierno habla de una reforma judicial, se posesione como jueces a profesionales cuestionados.
“Qué podemos esperar los abogados que estamos litigando en el foro paceño y nacional, abrigamos la esperanza de que cambie de alguna forma esa manera de actuar que tuvieron, que han perjudicado a muchas personas, muchas familias”, dijo.
Demandó que las nuevas autoridades cumplan sus funciones enmarcados en la Constitución y las leyes demostrando lo que pregona el Consejo de la Magistratura, el de tener una justicia transparente, imparcial, idónea y objetiva, sobre todo independiente.
El exdiputado Amilcar Barral cuestionó la designación de Blanco porque en su criterio un juez de sentencia debería tener un recorrido profesional intachable y con meritocracia, como no es el caso del exfiscal.
“Uno de los fiscales más nefastos que ha tenido el departamento de La Paz ha sido premiado con su designación como juez. El día viernes lo designaron los del Consejo de la Magistratura, otros corruptos que estaban siendo procesados por vender juzgados”, lamentó Barral en contacto con EL DIARIO.
El exdiputado y excandidato a la Alcaldía de La Paz recordó que, en su momento, Blanco realizó persecución política y fue denunciado por varios casos de corrupción tanto en el caso del Fondo Indígena, la muerte del bebé Alexander y el de Gabriela Zapata.
CASO ALEXANDER
El 20 de mayo de 2021, el fiscal general, Juan Lanchipa, informó que el Ministerio Público retiró la acusación en el caso bebé Alexander, en favor de Jhiery Fernández, Lola R. O., José L.D.A. y Sandra D.M.C.
Dijo que la determinación fue asumida luego de realizar un análisis exhaustivo al cuaderno de investigación en el que no se encontraron los suficientes elementos probatorios para sostener la acusación que fue presentada el año 2015.
“Este retiro de acusación, obedece a unas serie de inconsistencias que se encontró en todo el cuaderno de investigación, fundamentalmente en el tema de las pruebas, no hay una prueba científicas que acredite la comisión del ilícito”, dijo la autoridad.
Lanchipa explicó que los elementos probatorios acumulados durante el proceso investigativo resultan insuficientes para sustentar la resolución de acusación fiscal en el juicio oral, además durante la revisión al cuaderno de investigación se encontraron contradicciones en los informes periciales.
“La médico forense de ese entonces contaba con el requerimiento fiscal que le instruía únicamente tomar muestras biológicas, pero la médico señala que se habría tomado dos hisopos como muestras y estos habrían sido entregados al Fiscal en calidad de custodio; sin embargo, nunca se logró establecer a qué fiscal se entregó estos dos hisopos y mucho menos en cadena de custodia. También se habla de la existencia de antígeno prostático, pero que no se pudo establecer a quién pertenecía y de manera contradictoria, en otra parte del informe, señalan que no se logró encontrar ningún tipo de antígeno, estas irregularidades fueron tomadas en cuenta para determinar el retiro de la acusación”, sostuvo.
Ante estas inconsistencias y contradicciones encontradas en el cuaderno de investigación, el Fiscal General informó que ya existe un proceso de investigación en contra del ex fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco y la ex fiscal de materia Susana Boyán por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley y la Constitución, por presuntas irregularidades en la investigación del caso bebé Alexander.
El viernes, la Fiscalía anunció que en 15 días definirá si imputan o no al exfiscal Edwin Blanco y la exfiscal Susana Boyán, ambos denunciados por ocultar pericias para acusar al médico Jhiery Fernández y orillar una sentencia de 20 años de presidio, acusado por una violación, que nunca existió.
JHIERY FERNÁNDEZ
El médico Jhiery Fernández fue enjuiciado por la supuesta violación del bebé Alexander que estaba albergado en el Hogar Virgen de Fátima, dependiente de la Gobernación, institución donde trabajaba.
Estuvo detenido en el penal de San Pedro de La Paz, por cuatro años y 11 meses. En marzo de 2018 fue sentenciado a 20 años de cárcel, pero el fallo fue anulado en febrero de 2020 y se ordenó un nuevo juicio.
El galeno señala que entre los responsables de que haya seguido el proceso en su contra, pese a conocer estos graves errores, está el exfiscal general Ramiro Guerrero, que luego fue nombrado como Cónsul de Bolivia en Chile, hoy asesor jurídico del Ministerio de Desarrollo y Tierras. Él tenía a su mando a Susana Boyán y Edwin Blanco, quien luego fue ascendido a fiscal departamental de La Paz y recientemente nombrado juez.
“De tan solo escuchar el nombre de Edwin Blanco me llena de coraje, me molesta, me enerva, el solo saber de ese tipo de personas muy malas que van dañando a las personas. Él se ha inventado pruebas para sentenciarme, la noticia de su nombramiento me molesta sobremanera”, dijo el galeno.
La madre del médico, Norma Sumi, recuerda con dolor que en diciembre de 2014 su hijo fue detenido luego de ser citado con engaños a la Fiscalía y horas después fue enviado a la cárcel por la entonces jueza Lía Cardozo.
En conferencia de prensa, la entonces fiscal Patricia Santos declaró que Jhiery Fernández era el presunto autor de la violación debido a que era el único varón presente esa madrugada en el Hogar Virgen de Fátima y porque a sus 34 años era soltero.
El 17 de septiembre de 2018, se difundió un audio grabado por Romel Cardozo, durante una reunión en la que la entonces presidenta del Tribunal Décimo de Sentencia, Patricia Pacajes, confesó haber dictado condena de 20 años contra el médico Jhiery Fernández, pese a que no existían pruebas científicas en su contra y conocía los errores cometidos por los forenses.
Tras conocido el audio, el Consejo de la Magistratura realizó una auditoría judicial y el resultado fue el alejamiento del cargo de los otros dos jueces que redactaron la condena junto a Pacajes, Gladis Guerrero y Roberto Mérida.
