Ciudad de México.- Mientras repartía volantes con sus propuestas políticas, Abel Murrieta fue baleado a quemarropa a plena luz del día por una persona que luego huyó a pie, engrosando la lista de decenas de aspirantes asesinados rumbo a los comicios del 6 de junio, los más violentos en la historia de México, de acuerdo con expertos.
El 13 de mayo, el cuerpo del político de 58 años quedó tirado en el asfalto, con su camisa blanca ensangrentada, en una concurrida calle del violento municipio Cajeme, del norteño estado Sonora, donde buscaba ser alcalde por Movimiento Ciudadano.
Murrieta se convirtió en el político número 83 en ser asesinado. Después siguieron otros dos casos, también en mayo.
Los volantes que cayeron de las manos del candidato, quien durante su campaña defendió el lema «no tengo miedo» y denunció la inseguridad en la región, quedaron tirados a su alrededor, de acuerdo a videos difundidos en redes sociales. Poco después del homicidio, la fiscalía local dijo que investigaría el caso, pero hasta ahora no hay detenidos.
Etellekt, una consultora basada en Ciudad de México, dijo que los asesinatos de políticos aumentaron en más de un tercio desde la última votación de mitad de período en 2015, cuando hubo 61 casos en nueve meses. El número incluye a miembros de partidos políticos y a quienes buscaban un cargo público.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien ha prometido justicia para las víctimas, ha dicho que los efectos corrosivos de la corrupción en administraciones pasadas han alimentado la violencia en el país.
Su Gobierno dijo el pasado viernes que analiza cerca de 400 denuncias o investigaciones relacionadas con violencia electoral y que 148 candidatos han recibido protección. Pero la mayoría de los asesinatos quedan sin resolver, según muestran los estudios.
En los 10 meses anteriores a que el presidente Andrés Manuel López Obrador, acrónimo con el que se conoce al mandatario, ganara las elecciones en julio del 2018, hubo 152 asesinatos de políticos, 26 de estos durante las últimas dos semanas de campaña, documentó Etellekt.
CIFRAS ROJAS
El recuento general de asesinatos en México alcanzó un récord ese año. López Obrador asumió en diciembre del 2018 prometiendo reducir la violencia, pero los homicidios aumentaron aún más durante los siguientes dos años.
Sonora se ha visto particularmente afectada por la violencia. Murrieta, incluso, era abogado de Adrián LeBaron, un mormón de ascendencia estadounidense cuya hija y cuatro nietos fueron brutalmente asesinados y calcinados en una notoria masacre en ese estado en 2019.
Las elecciones intermedias de junio, las más grandes de la historia del país, ocurren en un momento clave donde el partido oficialista Morena, del mandatario, busca mantener la mayoría en la cámara baja del Congreso. Además, se disputan 15 gobernaturas y cientos alcaldías.
El caso de Murrieta, un exfiscal de Sonora, se suma al de muchos otros candidatos amenazados de muerte, asesinados o receptores de mensajes para que se retiren de la contienda, incluso algunos puestos junto a cabezas de cerdo cercenadas que aparecen en oficinas o plazas públicas.
«Estamos todos los días dando atención a candidatas y candidatos, a dirigentes que son amenazados, en algunos casos desgraciadamente les quitan la vida como ocurrió con el candidato de Cajeme», sostuvo López Obrador un día después del asesinato de Murrieta.
De septiembre a mediados de mayo, las amenazas contra candidatos y políticos sumaron 665 y han renunciado 18 contendientes, dijo Etellekt.
En los últimos dos meses, la seguridad pública ha sido vista como el principal problema que enfrenta México, y dos de cada tres ciudadanos piensan que el Gobierno está manejando mal el tema, según una encuesta reciente para el diario El Financiero.
Mientras tanto, el apoyo a AMLO cayó en abril cuatro puntos frente al mes previo a un 57%, mostró el sondeo. Una encuesta de seguimiento diaria de Consulta Mitofsky sugiere que su calificación bajó aún más después del mortal accidente en el metro de Ciudad de México el 3 de mayo.
La oficina de López Obrador no respondió a una solicitud de comentarios sobre la violencia política y cómo esta situación afecta a su Gobierno.
CRIMEN
Algunos de los candidatos lograron sobrevivir, pero ahora se desplazan con cautela e incluso tuvieron que tomar medidas como reducir sus mítines de campaña en zonas de mayor violencia.
Erick Ramírez cortó de tajo su discurso en una empobrecida comunidad del sureño estado Guerrero cuando escuchó disparos y a toda prisa fue a su auto para salvar su vida. El político dijo a Reuters que antes de iniciar el mitin, en mayo, fue amenazado de muerte por hombres armados.
El candidato a la alcaldía del municipio Cocula, también por Movimiento Ciudadano, dijo a Reuters que estaba vivo «de milagro», aunque lamentó que estos ataques sean comunes en la violenta localidad, donde otros políticos han sido secuestrados temporalmente y amenazados.
«Antes de esto ya había tenido amenazas de muerte con gente armada que me cerraba el paso con camionetas para gritarme con groserías que renuncie», dijo por teléfono.
«No lo voy a hacer», añadió el candidato, que compartió videos del ataque y denuncias presentadas ante la fiscalía estatal de atentados previos.
La fiscalía de Guerrero no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios de Reuters.
«Ha cambiado mi vida de manera drástica, mi familia está muy preocupada, pero me apoyan», sostuvo Ramírez.
En otro caso, Cristina Delgado, candidata del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), recibió en enero una amenaza de muerte escrita en un cartelón blanco junto con una cabeza de puerco cercenada, poco antes de registrarse como postulante a una alcaldía en el estado Oaxaca.
«Esta es mi zona y tiene dueño, te voy a matar cuando te asomes (…) ya estas advertida», decía el cartel, que fue difundido en redes y medios locales. Delgado al final no se registró para la contienda.
Gran parte de las agresiones se ha concentrado en estados con fuerte presencia del crimen organizado como Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Estado de México y Michoacán, dijo Etellekt, lo cual no implica que sean orquestadas por ellos.
«Los agresores entendieron que hay un mayor riesgo en cometer actos de violencia letal por lo que han migrado a otros delitos que les permitan actuar con impunidad», dijo a Reuters el director de Etellekt, Rubén Salazar. «El objetivo es que el candidato renuncie o pierda presencia en las urnas», añadió.
México vive uno de los peores momentos de violencia en su historia, con decenas de miles de personas asesinadas y desaparecidas. Organismos internacionales han dicho que la nación vive una «crisis humanitaria».
«Va a ser muy difícil que la gente vote con libertad, no hay garantía de nada porque están a merced del crimen organizado en algunas regiones del país», dijo Vicente Sánchez, investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef). «Los costos a nivel de democracia pueden ser muy altos» agregó. (Reuters)