El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó el miércoles que se iniciaron los trámites para la extradición de Rodrigo Méndez, exjefe de gabinete y del exministro Arturo Murillo para esclarecer el millonario desvío de recursos en el caso gases lacrimógenos de aproximadamente 2,3 millones de dólares.
El titular de Gobierno explicó detalles de la detención que efectivizó la agencia federal de investigación e inteligencia, FBI, en Estados Unidos, en la detención de Rodrigo Méndez, mano derecha del exministro Arturo Murillo.
“Estamos pidiendo la extradición correspondiente, estamos enviando las notas correspondientes para que estos señores vengan a rendir cuentas al pueblo boliviano. No es un pedido del Gobierno, es un pedido de todo el pueblo boliviano”, declaró.
Para ese efecto se agotarán dos conductos, uno por la activación del sello azul y luego el sello rojo y también con el envío de una nota oficial al Gobierno norteamericano a través de Cancillería.
Del Castillo calificó de “clan mafioso” el entorno del exministro Murillo. “Este clan mafioso del gobierno de Jeanine Añez ya tiene un proceso legal abierto sobre este tema, ha sido abierto antes que recuperemos la democracia en nuestro país”, afirmó.
Por la explicación de Eduardo del Castillo, la detención de Méndez por el FBI fue por los delitos de lavado de dinero y soborno, según la normativa estadounidense.
De acuerdo con la autoridad, existe una vinculación en la acusación con el desvío y reparto del dinero en la compra de gases lacrimógenos y otro material no letal gestionado por Arturo Murillo y Rodrigo Méndez en 2020.
Según datos, el ministro del Castillo, la compra de estos materiales e insumos tuvo un costo total de 5.6 millones de dólares, aunque el precio real supondría solo 3.3 millones de dólares lo que implica un “robo al pueblo boliviano”.
La adquisición del material no letal y los gases lacrimógenos se realizó a través de la empresa BTS, Bravo Tactical Solutions, propiedad de la familia Berkman. (Innovapress)