viernes, diciembre 27, 2024
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Pandemia limita acceso a derechos de refugiados

La pandemia de Covid-19 perjudica el bienestar y limita el acceso a derechos y servicios vitales de los adultos mayores refugiados en América Latina, según alertó este miércoles la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y HelpAge International.

Según una evaluación llevada a cabo en Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras y Perú, la pandemia exacerba las amenazas preexistentes a la salud física y mental, la nutrición, la autonomía financiera y el estatus legal de las personas adultas mayores refugiadas y otras personas en situación de movilidad humana.

Así, la mitad de las personas entrevistadas declaró haber sufrido «discriminación», mientras que un número preocupante describió incidentes de «abuso».

Además, la mayoría de las personas mayores encuestadas informaron de que han tenido un acceso limitado a la atención médica durante la pandemia. En concreto, el 42 por ciento no recibió tratamiento por problemas de salud previos y el 6 por ciento de las personas contagiadas de Covid-19 aseguró que no obtuvo la atención médica «adecuada».

Por otro lado, según ACNUR y HelpAge International, la pandemia ha generado una disminución del contacto diario que las personas mayores desplazadas tenían con sus familias, del 39 al 26 por ciento. También ha limitado las actividades comunitarias y las oportunidades de recreación y participación, agravando significativamente sus sentimientos de aislamiento y soledad.

El acceso a los alimentos para las personas mayores en situación de movilidad humana también ha empeorado en todos los países objeto del estudio. Ya antes de la pandemia, una de cada cuatro personas mayores tenía que saltarse las comidas. Con la llegada de la Covid-19, el 41 por ciento tuvo que reducir aún más su ingesta de alimentos.

En referencia a los ingresos, alrededor del 64 por ciento de las personas mayores entrevistadas no tenían ingresos mensuales antes de la pandemia. De quienes sí tenían ingresos, el 62 por ciento consideró que no eran suficientes para satisfacer sus necesidades básicas.

Pero la Covid-19 ha agravado aún más su situación económica, dejando a muchas más personas sin empleo. En Honduras y El Salvador, un tercio de las personas encuestadas informó de que había perdido su trabajo. En los países de la región andina, fueron casi la mitad.

A pesar del aumento de su vulnerabilidad, muchas de las personas entrevistadas aún tenían que actuar como sostén de sus hogares y cuidar de otros miembros de la familia, como niños y adolescentes -60 por ciento- y personas con discapacidad -5 por ciento-. Mientras tanto, las condiciones de vivienda también empeoraron para una quinta parte de los entrevistados, ya que no podían pagar el alquiler. El cinco por ciento de los encuestados fue desahuciada durante la pandemia.

También, la pandemia ha aumentado los desafíos a los que se enfrentan las personas mayores en situación de movilidad humana para obtener documentación. En la región andina, casi una cuarta parte se encuentra en situación irregular, lo que aumenta su marginación. Esta cifra aumenta al 32 por ciento entre las personas mayores desplazadas con discapacidad.

 

FALTA DE PROTECCIÓN

El director del Buró Regional de ACNUR para las Américas, José Samaniego, denunció que «las personas mayores que están en situación de desplazamiento forzado se han encontrado durante mucho tiempo en abandono y sin protección suficiente».

«Su plena inclusión en las respuestas nacionales a la pandemia, incluidos los programas de vacunación contra la Covid-19, es clave para salvaguardar su dignidad y sus derechos», ha agregado.

En este sentido, y además de una mayor ayuda humanitaria, Samaniego ha incidido en que las personas mayores desplazadas necesitan «más oportunidades de medios de vida para ser económicamente independientes».

«El envejecimiento y la movilidad humana son tendencias globales, cuya interseccionalidad se manifiesta en la pobreza y la exclusión, mientras que las personas mayores son tratadas como si fueran invisibles», lamentó, por su parte, la representante regional de HelpAge para América Latina y el Caribe, Marcela Bustamente.

Bustamente ha señalado que gobiernos y comunidad internacional deben hacer «todo lo posible» para que las personas mayores en situación de movilidad humana puedan vivir «con dignidad». «Se necesita un cambio urgente», ha remachado. (Europa Press)

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