Bogotá.- Sindicatos y grupos de estudiantes marcharon este miércoles en las capitales de los 32 departamentos de Colombia para exigir al Gobierno apoyo económico a los pobres y otras medidas sociales, en una nueva jornada de las protestas generalizadas que completan casi un mes.
Las protestas, que comenzaron a finales de abril, presionaron al Gobierno y al Congreso a archivar una reforma fiscal para subir los impuestos y otra a la salud, mientras que provocaron la renuncia del anterior ministro de Hacienda.
Pero los manifestantes continuaron las protestas y ampliaron sus demandas para incluir una renta básica para las familias pobres, educación y empleo para los jóvenes, así como el fin de la violencia policial, incluyendo la eliminación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).
En las protestas del miércoles los manifestantes exigieron avances en lo que el Comité Nacional de Paro, conformado por sindicatos, grupos de estudiantes y otras organizaciones sociales, denomina un pliego nacional de emergencia.
Las demandas incluyen el fortalecimiento de los derechos de las mujeres, una moratoria en el pago de hipotecas y servicios públicos durante cuatro meses y la derogación de las medidas de emergencia que, según los líderes de la protesta, han empeorado las condiciones de trabajo durante la pandemia.
El empleado bancario Eduard Barragán, de 29 años, vio a un pequeño grupo de manifestantes marchar en el centro de Bogotá. Aunque no se unió a las protestas del miércoles, dijo que apoya las manifestaciones y que previamente participó en tres.
«La verdad es que la protesta afecta, pero es preferible parar uno, dos, tres meses, a seguir toda la vida igual con tanta corrupción, sin el apoyo del Estado», afirmó.
La petrolera estatal Ecopetrol dijo que no espera que las protestas afecten su plan de inversiones para el año, aunque no pudo predecir cuánto tiempo durarán.
Ecopetrol denunció este miércoles bloqueos que impedían el acceso de los trabajadores a la refinería de Barrancabermeja, la más importante del país, que según dijo contaban con el apoyo del principal sindicato de trabajadores petroleros que respaldan las protestas, y advirtió que la situación pone en riesgo el abastecimiento normal de combustibles.
La violencia ha marcado las manifestaciones de las últimas cuatro semanas con saqueos de establecimientos comerciales, actos de vandalismo contra bienes públicos y privados, además de enfrentamientos entre grupos de encapuchados y la policía.
El Gobierno asegura que sólo 17 muertes de civiles están directamente relacionadas con las protestas, mientras que grupos de derechos humanos afirman que la cifra es superior. Dos policías también fallecieron.
Más de una semana de conversaciones entre el Gobierno y los líderes de la protesta dieron como resultado acuerdos previos a última hora del lunes, que ahora están siendo revisados por las partes. Una vez sean aprobados se espera el inicio de una negociación. (Reuters)