El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, junto a otras cuatro personas fueron detenidas en Estados Unidos, luego de la investigación del FBI por presunto lavado de dinero. En tanto, en Bolivia se aprehendió a dos allegados del exalto funcionario, dentro del llamado caso de sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos de 2019.
Murillo fue arrestado, pero los operativos del Buró Federal de Investigación (FBI) en este caso se desarrollaron entre el 21 y 22 de mayo en los estados de Florida y Georgia. Junto al exministro se detuvo a su exjefe de gabinete Sergio Méndez, y los empresarios Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld de la firma Bravo Tactical Solutions LLC.
La investigación apunta a un caso de presunta conspiración y lavado de dinero en cuentas bancarias de EEUU, por lo que se calificaría como un delito federal que sería sancionado con 20 años de prisión a los implicados.
En Bolivia, el Ministerio de Gobierno y la policía desarrollaron operativos para capturar a Leonardo A., excuñado de Murillo, y el capitán Daniel B., que fuera edecán del exministro, y que se presentó a declarar en calidad de testigo ante la fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
El excuñado de Murillo fue presentado por el ministro Eduardo del Castillo, denunciado por trasladar objetos personales de Murillo, presuntamente “millones de bolivianos del pueblo boliviano”. El sindicado dijo que no tiene nada que ver en estos hechos y se declaró inocente del caso.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo adjetivó a los implicados como parte de una “red mafiosa y criminal” e incluyó en la lista a la hermana del exministro, Magda M. y el oficial de policía Ívar V. G.
El FBI detectó movimientos irregulares en cuentas bancarias de la Florida. Tras el seguimiento, se estableció que Sergio Méndez movió importantes cantidades de dinero desde Bolivia, con otros dos “conspiradores”, como es el término técnico para este caso.
Se presume que el dinero se movió por los contratos de adjudicación de material de defensa, gases lacrimógenos y equipos no letales entre noviembre de 2019 y abril de 2020. La empresa beneficiada Bravo Tecnical Solutions logró los contratos por 5,6 millones de dólares, a través del Ministerio de Defensa, para evitar el pago de aranceles en Aduana.
Los sobornos para la adjudicación apuntan a que los empresarios pagaron a Méndez y otras dos personas, aún no identificadas por el informe del FBI, unos 600 mil dólares para lograr el contrato del Ministerio de Defensa de Bolivia.
Un juez federal norteamericano analizará el caso, en el Tribunal de Distrito Federal de Florida.
SOBREPRECIO
En tanto, en Bolivia se investiga el presunto sobreprecio de aquellos contratos, que ascendería a los 2,3 millones de dólares. Murillo es señalado por el Gobierno y el Ministerio Público, pero también el exministro de Defensa, Luis Fernando López, quien se manifestó esta mañana a través de las redes sociales, en espera de que pronto se conozca la verdad del caso.
“Desde mi forzado e injusto exilio veo en la investigación del FBI, una luz de esperanza y justicia para llegar a la verdad. El pueblo boliviano sabe que trabajé incansablemente por el país, apegado a la CPE”, citó López vía Twitter.
Finalmente, el hijo de Méndez, Rodrigo Méndez, aseguró que la detención de su padre, abocado al negocio de bienes raíces, se trata de un malentendido.
“Es la sensación más horrible del mundo la impotencia de no poder ayudar a quienes amas, separado por la distancia que el exilio nos obligó a tener con mi padre a quien no veo hace más de 10 meses”, escribió. (VisorBolivia)