Ante el informe del Buró Federal de Investigaciones (FBI), por su sigla en inglés, y las detenciones de Arturo Murillo, Rodrigo Méndez y otros, en Estados Unidos, el abogado Gary Prado, parte del patrocinio del exministro de Defensa, Fernando López, aseguró a EL DIARIO que las investigaciones en el país del norte no llegan a su cliente, sino a un exfuncionario del Ministerio de Defensa de iniciales M.R., quien fue desvinculado antes de concluir el proceso de compra del material no letal.
“En ninguna parte del documento del FBI dice que sea un pariente del Ministro de Defensa, dicen el co-conspirador 2 que es un funcionario de alto rango del Ministerio de Defensa. El investigador dice yo sé el nombre, pero él no lo pone seguramente porque no ha reunido elementos, en eso, los Estados Unidos tiene una justicia transparente, no ensucian el nombre de alguien sin que puedan probar algo. El co–conspirador 2 que hubiera recibido 20.000 dólares, nosotros sabemos que se trata de un funcionario que López lo desvinculó antes que se termine de concretar el contrato”, explicó Prado sustentado en investigaciones.
El martes se conoció un informe del FBI en el que se señala que Murillo, Méndez y otras tres personas fueron acusadas por lavado de dinero y sobornos, un delito federal que sería sancionado con 20 años de prisión a los implicados.
Prado explicó que las investigaciones en el país del norte iniciaron por la transferencia de 700.000 dólares que la empresa norteamericana Bravo Tactical Solutions LLC realiza a la cuenta personal del señor Philip Lichtenberg, un boliviano–norteamericano, que radicaba en Argentina.
“Por qué una empresa norteamericana gira ese monto a una cuenta particular de un boliviano–americano, desde ahí indagan los correos electrónicos, chats de la gente que va apareciendo, si eso hubiera tenido un respaldo legal ahí quedaba, pero como no tenía se continuó con la investigación y se comprobó que este señor no le había vendido nada para que le paguen ese monto”, precisó.
Aclaró que Philip Lichtenberg se prestó para “blanquear” el dinero de la “coima” y por eso pincharon los contactos, principalmente con Rodrigo Méndez, quien recibió 582.000 dólares de los 700.000, porque el primero ya se había quedado con su parte.
CO–CONSPIRADOR 2
El punto 11 del informe del FBI refiere: “co-conspirador 2, una persona cuya identidad es conocida por su declarante (Jonathan Eades), era ciudadano de Bolivia y un funcionario en el Ministerio de Defensa de Bolivia”.
El punto 20 dice: “Como se describe con mayor detalle a continuación, Bryan Samuel Berkman, Luis Berkman, y Philip Lichtenfeld pagaron sobornos por un total de al menos $us 582.000 a Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, funcionario del Ministerio de Gobierno de Bolivia, y al menos $us 20.000 al co-conspirador 2, funcionario del Ministerio de Defensa de Bolivia, a cambio de utilizar sus cargos oficiales para asistir a la Empresa Intermediaria (…)”.
El coronel en servicio pasivo del Ejército experto en Inteligencia, Jorge Santistevan, en coincidencia con Prado, dijo a EL DIARIO que el co–conspirador 2 es con alta probabilidad un exoficial del Ejército que se retiró en el grado de teniente, desde ese entonces estuvo ligado a diferentes partidos políticos como Acción Democrática Nacionalista (ADN), tienda política con la que llegó a trabajar bastantes años en el Ministerio de Gobierno.
Refirió que cuando Fernando López asumió el cargo, contrató a algunos de sus compañeros de promoción del Ejército, entre ellos M. R., quien trabajó en función importante, empero fue desvinculado por algunas irregularidades que le descubrieron.
COMPRA
Gary Prado manifestó que el proceso de compra del material no letal inició en el gobierno de Evo Morales y se adjudicó a una empresa representante de la fábrica Cóndor, ese proceso fue impugnado por uno de los perdedores. Posteriormente, se dio la renuncia de Morales y asume el cargo de Ministro de Gobierno Arturo Murillo, a quien le informan de la necesidad de la Policía de adquirir material no letal y la autoridad decide que se haga un nuevo proceso de compra.
El proceso anterior se había adjudicado por una cifra cercana a 40 millones de bolivianos, por la misma cantidad de gas (lacrimógeno), “o sea era más plata de la que se pagó en la adquisición nueva”.
“Murillo ve que no hay forma que se haga una compra por excepción, una importación directa del material por su ministerio, ya que la ley faculta solo al Ministerio de Defensa, por eso hace generar un Decreto Supremo en diciembre del año 2019, mediante el cual se autoriza al Ministerio de Defensa, comprar para la Policía esos equipos de gases lacrimógenos”.
Ese Decreto Supremo (DS) llega al Ministerio de Defensa y los abogados dijeron que eso no podía aplicarse porque ellos no podían hacer compras para otra entidad pública, por lo que el DS fue derogado.
Posteriormente, se genera otro DS en el que se resuelve que el Ministerio de Gobierno traspase esos recursos que tenía presupuestado a Defensa para la compra. Toda la documentación que había avanzado Murillo en el Ministerio de Gobierno para la compra, se la pasa a Defensa, allí ya estaba la cotización de la empresa Bravo Tactical Solutions LLC de la familia Berkman.
Con ese material remitido por Murillo se inicia el proceso de compra, Fernando López emite una Resolución Ministerial de acuerdo al DS para cumplir un procedimiento de adquisición en el extranjero.
“Una vez que compran, cuando están haciendo las averiguaciones, ninguna empresa quiere proveer el plazo en el que se refería, como 30 días. De los proveedores usuales nadie quería proveer porque no había condiciones, y el argumento era que las fábricas que producían no tenían material”, explicó Prado.
“Estamos hablando de fin de año de 2019, Brasil que tiene una fábrica importante, que ha sido el proveedor recurrente del Estado boliviano, no tenía material estaba entrando de vacaciones, había terminado su stock con Ecuador porque habían protestas, para Perú y Chile donde había un alboroto total, entonces ya no tenían material”, prosiguió.
Posteriormente, la empresa Cóndor de Brasil mandó al Ministerio de Defensa una nota aclarando que su único representante en Bolivia es Bravo Tactical Solutions LLC, la empresa de Brayan Berkman.
“Se dirige desde el Ministerio de Gobierno la compra a Bravo Tactical Solutions LLC, pero esto se apoya en el plazo que se otorgaba para la venta por excepción al Estado y nadie más podía proveer, ahí se hace la compra”, aclaró.
Manifestó que inicialmente se intenta pagar el anticipo sobre el primer embarque del armamento a través de una transferencia del Banco Central de Bolivia a la cuenta de Berkman y la rechazan, por lo que se modifica el contrato para que el pago se haga por transferencia bancaria directa.
Lo que hace Defensa es cumplir un DS y los funcionarios cumplieron los requisitos de una Resolución Ministerial para una compra en el extranjero.
Aclaró que el contrato que firmó López para la adquisición de material no letal es legal y que el Ministerio de Gobierno y la Policía fueron las instancias que elaboraron un requerimiento de cantidad de material con precios referenciales, con los cuales se guiaron para las compras.
“Defensa nunca compró este tipo de material, por lo tanto si de Gobierno pasan a Defensa una primera cotización y logran un precio menor, ¿se va a pensar que hay negociado?, no tiene por qué pensarlo, porque incluso están rebajados los precios. Hacen su compra y remiten el proceso a todos los elementos que la Resolución Ministerial había establecido, todo se sigue tal cual y el ministro firma el contrato porque no hay nada irregular, no hay cotizaciones truchas, la empresa no era irregular, es más por ser una empresa norteamericana es que el FBI hizo esta investigación”, aclaró.
Apuntó que cuando se hizo pública la investigación del FBI los funcionarios de Defensa se dieron cuenta que los utilizaron y les hicieron hacer un proceso de compra en el que los ‘urgieron’ los presionaron porque supuestamente la Policía no tenía ni un solo gas ni siquiera para dividir a las barras de Oriente con Bloomig, si entraban en una gresca, porque todo se había acabado en octubre y noviembre, es más hay información de que el gobierno se prestó gases del gobierno ecuatoriano”.