El Estado tiene entre sus atribuciones normar y dictar normas, es decir, puede proponer leyes, para luego hacerlas cumplir. En el caso de las normas penales, éstas pueden ir variando con el paso del tiempo, dada la evolución y complejidad de las sociedades. Es totalmente factible, por ello, que sean tipificados y sancionados nuevos delitos y otros vayan desapareciendo. El Estado, como el único poseedor del poder coercitivo y coactivo, tiene no solo la opción sino la obligación de crear normas para una adecuada vida en sociedad. Ahora bien, utilizar esta atribución para construir una normativa penal, con serios indicios de tintes políticos, no es pertinente ni mucho menos legítimo.
La legitimidad dentro del derecho penal surge de la delgada línea entre lo que el Estado quiere normar y lo que la sociedad requiere que sea normado. Romper este equilibrio entre Estado y Sociedad puede llevar, por un lado, a la desnaturalización del Estado como rector de la convivencia pacífica, permitiendo que el hecho delictivo sea algo cuasi normal y, por otro lado, puede llegar a convertirlo en una especie de controlador político, el cual criminaliza cualquier accionar que considere contrario a sus intereses. Para evitar romper el equilibrio mencionado, el Estado tiene la obligación de generar espacios adecuados de diálogo y socialización de todo aquello que se quiera cambiar, modificar, ampliar o adjuntar dentro de la tipificación de delitos.
El “Ius Puniendi” para que logre alcanzar toda legitimidad debe ser debidamente consensuado, tratar de imponerlo lo tergiversa, transformando a la ley penal en un peligroso aparato represor del Estado. Limitar el poder no es sinónimo de debilidad, sino de lucidez jurídica, política y social. El Estado, por ende, tiene que velar por la consecución del bien común y a la vez brindar certeza y claridad jurídica a la sociedad, para que ésta encuentre dentro de sus normas seguridad, tanto en el ámbito civil como en el penal.
La normativa vigente, tanto en materia civil como en la penal, debe ser modificada, de eso no existe duda alguna, es por ello que actuar con principios basados en democracia resultaría de enorme beneficio en la hora de elaborar nuevas leyes y normas. Escuchar a los actores sociales de todos los ámbitos daría como resultado, en este caso concreto, una nueva ley penal justa, equitativa y protectora.
El verdadero poder que puede llegar a tener el Estado no se basa simplemente en coartar, coaccionar o perseguir a todo aquél que piense diferente, se basa principalmente en escuchar y negociar, es de esta manera que se construyen sociedades más justas y con leyes más equitativas.
Un Estado represor solo busca instrumentalizar a la justicia, para convertirla en una especie de órgano perseguidor del poder de turno. El problema de la justicia, por ende, es complicado. Todavía estamos muy lejos de poder tener un aparato judicial respetable y confiable, mientras el poder político se vea a sí mismo como inmaculado e intocable, la justicia seguirá siendo abusiva e intolerante.
Marcelo Miranda Loayza, Teólogo y Bloguero.