La Constitución Política del Estado (CPE) establece en el Art. 256. I. “Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta”.
Las Naciones Unidas son una organización internacional fundada en 1945 por los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, como EEUU, Inglaterra, Francia, Rusia y China, por 51 países que se comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacionales, a fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y los derechos humanos. Hoy está compuesta por 193 países del mundo. El Estado boliviano firmó con Naciones Unidas el Acuerdo en 1945 para la educación, la ciencia y la cultura.
La CPE establece el cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, la Declaración americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Convención americana sobre derechos humanos y más de 30 instrumentos que establecen el respeto a los Derechos Humanos que son supranacionales.
Bolivia aprobó la Convención contra el genocidio y crímenes contra la humanidad, ratificada por el Congreso, diferentes Convenciones, OEA y ONU, contra el genocidio. Por tanto, Bolivia tiene la obligación de cumplir con todo el contenido de esas convenciones. Debe proteger y evitar que sean cometidos crímenes de lesa humanidad, porque somos parte del sistema de Naciones Unidas. Ha sido un error imperdonable, que debe ser sancionado, que no se haya aprobado la Resolución codificada como “ítem 135 – A/75/L82”, orientada a la “responsabilidad de protección y prevención de genocidios, crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes contra la humanidad”.
Lamentablemente, Diego Pary, servidor de los regímenes dictatoriales, NO cumple su función de representar al soberano en la ONU, no defiende los intereses de Bolivia y votó en contra de la mencionada Resolución, junto con otros 14 Estados que son antidemocráticos, con dictaduras nefastas y sangrientas. Votó en contra del derecho a la VIDA, favoreciendo que continúen los genocidios. Corea del Norte, Kyrgyzstan, Nicaragua, Zimbabwe, Burundi, Belarus, Venezuela, Rusia, Cuba, Indonesia, Egipto, Siria, China y Bolivia no apoyaron la Resolución sobre: Prevención del genocidio, terrorismo, limpieza étnica y crímenes de lesa humanidad. Y es que nuestra representación actúa como pongo de los intereses de los Estados autocráticos como Cuba, Venezuela y Nicaragua especialmente. Nos preguntamos si ¿respalda el GENOCIDIO en Palestina?, donde están perdiendo la vida niños. Aplaudimos la dignidad de los otros 115 Estados del mundo que aprobaron la Resolución de las Naciones Unidas, y se comprometen a respetar la VIDA, un bien jurídico irremplazable.
Es otra farsa en nuestro medio la conformación de la Comisión Mixta para resolver los Feminicidios, que son una franca violación al Derecho a la VIDA de las mujeres, que dejan a sus hijos en la indefensión. El gobierno no tiene la capacidad de cumplir la CPE que establece en su Art.15 que “El Estado garantiza una vida libre de violencia a las Mujeres” (?), y más ahora con el RECHAZO a la defensa de los Derechos Humanos que dispone la ONU.
Exigimos al gobierno de DebiLucho, la responsabilidad de proteger al Soberano contra las violaciones a los derechos Humanos, porque es un principio de Derecho Internacional consuetudinario, expresado por Kofi Annan, ex secretario de Naciones Unidas. Respetar y aplicar la Resolución de la ONU. Y le obligue a Diego Pary, disfrazado de ecuatoriano, a estudiar Relaciones Internacionales para que represente dignamente a Bolivia, porque le pagamos su salario y no por su ideología de imposición y dictadura que impera en Bolivia. Esperemos que la Asamblea Legislativa se pronuncie y fiscalice al Ministerio de Relaciones Internacionales por esta vergüenza ante el mundo.
Angélica Siles Parrado, Abogada, ex Asambleísta Constituyente.