En las últimas semanas la coyuntura política se ha visto involucrada en serie de procesos y órdenes de aprehensiones contra las ex-autoridades del gobierno transitorio de Jeanine Añez, pero ¿de dónde proviene esta seguidilla de procesos y acusaciones?, ¿es solamente una vendetta política por la pérdida del poder y la caída de Morales después de catorce años?, ¿se está cumpliendo con el debido proceso?
El contexto comienza con la salida de Evo Morales del poder y la transición que permitieron sus parlamentarios por su deficiente estrategia política desde la Asamblea Legislativa, entonces comienzan los procesos contra todo aquel que haya estado cerca de Evo Morales, ministros, viceministros, etc. Dichos procesos no cumplieron con el “debido proceso”, ya que si bien se tenía indicios de atentados públicos contra la población, como es el caso de las bombas molotov, vinculado a ex-servidores públicos del Ministerio de Culturas, no se pudo demostrar que estuvieran directamente relacionados con la ex-ministra Wilma Alanoca. Y es que la ciencia del Derecho no es una ciencia natural, no se aplica la teoría de “causa y efecto”, ya que desde la época Romana (habeas corpus) pasando por la creación del parlamento inglés (carta magna – 1215) hasta nuestros días (Constitución – Art. 115, debido proceso y Art. 116, presunción de inocencia) es necesario un juicio que conlleva un análisis y valoración de las pruebas, convirtiendo al Derecho en una Ciencia Social. Nadie puede ser condenado sin un proceso y se presume que es inocente hasta que se demuestre lo contrario, en este sentido el vox pópuli hace tan difícil el desenvolvimiento del desarrollo judicial, como si fuera culpa de los jueces o fiscales que no sean encontradas las pruebas suficientes ante una causa.
Sin embargo, dado el retorno del Movimiento al Socialismo al poder, se llevó a cabo nuevamente órdenes de aprehensión y procesos contra ex-autoridades, esta vez del gobierno transitorio de Añez, aunque si bien todos conocemos casos como el de la compra con sobreprecio en los respiradores, material antidisturbios y la aprobación del crédito del FMI por decreto, que constituyen en sí mismos ilícitos, no tenemos la certeza de que las ex-autoridades hayan provocado dichos ilícitos; tenemos indicios de prueba, aún no hay pruebas, al igual que con los procesos contra las ex -autoridades del gobierno de Morales.
Al final, después del incumplimiento del debido proceso y de la presunción de inocencia, sólo tenemos que la perjudicada es nuestra Constitución Política del Estado, que es abusada y pisoteada tanto por el partido X como por el partido Y, politizando la justicia.
Wilson Félix Pari Sirpa, estudiante de Ciencia Política y Gestión Pública – UMSA.