Bajo la presidencia de Daniel Ortega, el país está a un paso de convertirse en un estado de partido único. Los cargos de lavado de dinero contra su principal rival han aumentado las preocupaciones. Candidatos de la oposición han sido detenidos. Las protestas están prohibidas. Y los partidos políticos han sido descalificados.
Apenas unos meses antes de buscar la reelección, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha alejado a su país de convertirse en un estado de partido único, reprimiendo a la oposición en una medida no vista desde la brutal represión de las protestas antigubernamentales en 2018, según señalan los expertos.
Los movimientos agresivos de Ortega presentan un desafío inesperado para la administración Biden, que ha hecho del fortalecimiento de la democracia en Centroamérica uno de los pilares de su política hacia la región.
La represión de Ortega alcanzó un punto de inflexión el miércoles, luego de que su gobierno acusó a una de las principales candidatas de la oposición, Cristiana Chamorro, de lavado de dinero y “falsedad ideológica” y la colocó bajo arresto domiciliario horas después de que ella anunciara sus planes de postularse a la presidencia en las elecciones del 7 de noviembre. Otro candidato, Arturo Cruz, fue detenido el sábado por la policía por presuntamente “conspirar contra la sociedad nicaragüense”.
Tres aspirantes más a la presidencia han sido confinados en sus hogares por la policía sin enfrentar aún cargos formales, lo que les ha impedido efectivamente organizar campañas electorales.
“Ortega está a punto de acabar con toda competencia política en el país”, dijo Eliseo Núñez, analista político y activista de la oposición nicaragüense. “Estamos muy cerca de llamar a esto una dictadura”.
La velocidad del deslizamiento de Nicaragua hacia el autoritarismo ha tomado por sorpresa incluso a muchos de los oponentes de Ortega.
Ortega, exlíder de la junta revolucionaria de Nicaragua, ha desmantelado gradualmente las instituciones democráticas del país y ha sofocado la disidencia desde que regresó al poder en 2007 después de ganar las elecciones democráticas. Más de 320 personas, en su mayoría manifestantes, murieron en protestas contra su gobierno en 2018, lo que la convierte en la peor ola de violencia política en América Latina en tres décadas.
Las protestas ayudaron a hundir a uno de los países más pobres de la región en una recesión económica prolongada y al otorgamiento de sanciones estadounidenses contra los principales funcionarios de Ortega, incluida su esposa, Rosario Murillo, quien es la vicepresidenta y su portavoz.
Buscando aliviar la presión económica e internacional, Ortega inició conversaciones con la oposición luego de las protestas y llegó a un acuerdo el año pasado con la Organización de Estados Americanos (OEA) para hacer que el sistema electoral de Nicaragua sea más justo.
Pero a medida que se acercaba el plazo de la reforma del mes pasado, Ortega se inclinó radicalmente hacia la represión. Ha llenado la junta electoral de personas leales a él. Implementó una serie de leyes que permiten a sus funcionarios detener o descalificar de sus cargos a prácticamente cualquier ciudadano que haya expresado su desaprobación hacia el presidente, incluidos periodistas y políticos.
“Ortega hizo exactamente todo lo contrario de lo que se esperaba”, dijo Carlos Tünnerman, un ex alto funcionario del gobierno revolucionario de Ortega en la década de 1980. “Ha demostrado que está dispuesto a hacer cualquier cosa para permanecer en el poder”.
La medida más audaz del gobierno hasta ahora ha sido el arresto sorpresivo de Chamorro, descendiente de una de las familias más ricas e influyentes de Nicaragua, cuya madre derrotó a Ortega en las elecciones de 1990. Hasta hace poco, Chamorro dirigió una fundación que capacitó a los trabajadores de Nicaragua, periodistas independientes con fondos parcialmente recibidos de Estados Unidos, lo que llevó al gobierno a acusarla de lavado de dinero y subversión.
Hoy, solo un grupo de oposición creíble sigue siendo legalmente elegible para participar en la votación de noviembre, lo que brinda la última esperanza para los oponentes de Ortega. El grupo, llamado Ciudadanos por la Libertad, está ahora en el proceso de elegir a su candidato presidencial, quien se convertiría en el abanderado de facto de la oposición usualmente rebelde.
Los analistas políticos dicen que un candidato serio de Ciudadanos por la Libertad tendría buenas posibilidades de movilizar al grueso de los votantes nicaragüenses que no apoyan al gobierno, lo que representa una gran amenaza electoral para el partido gobernante.
Ortega parece no correr riesgos. El viernes, la junta electoral aliada, con el gobierno, emitió una amenaza apenas velada de prohibir a cualquier candidato que no cumpla con las nuevas leyes que criminalizan la disidencia política.
Los líderes de la oposición dijeron que la nueva directiva otorga a los funcionarios electorales el poder de prohibir a cualquier candidato que represente una seria amenaza para Ortega o su candidato elegido, dejándolo sin oposición.
“Están claramente abiertos a dar ese paso final”, dijo Félix Maradiaga, uno de los favoritos para convertirse en el candidato de Ciudadanos por la Libertad.
El propio Maradiaga ha estado confinado a arresto domiciliario periódico sin cargos legales desde noviembre.
La portavoz de Ortega, Murillo, no respondió a la solicitud de comentarios sobre la detención de candidatos de la oposición, hecha por The New York Times.
El rápido deterioro de las salvaguardias democráticas de Nicaragua ha presentado un desafío para el gobierno de Biden, que ya estaba luchando por detener el creciente autoritarismo en Centroamérica.
Los funcionarios y legisladores estadounidenses respondieron a la detención de Chamorro amenazando con nuevas sanciones contra Ortega.
“Definitivamente estamos evaluando qué acciones podemos tomar para responder” a la represión política, dijo el sábado a Voice of America el principal asesor de la Casa Blanca para América Latina, Juan González.
La fuerte dependencia de Nicaragua de las exportaciones preferenciales a Estados Unidos y los préstamos de acreedores internacionales financiados por Estados Unidos hacen de las sanciones una seria amenaza económica para Ortega, dijo Tiziano Breda, analista centroamericano de International Crisis Group.
Pero sanciones de esa relevancia podrían llevar a una crisis a la economía de Nicaragua, que ya se contrae, desencadenando un nuevo éxodo de migrantes de la región a Estados Unidos.
“Ortega ya había presidido una economía de guerra, está demostrando que está dispuesto a repetir la historia”, dijo Breda. “La pregunta es, ¿Estados Unidos está dispuesto a enfrentar las consecuencias de sus acciones?”. (Infobae)