La ONG Amnistía Internacional calificó ayer de «crímenes de lesa humanidad» las medidas y políticas puestas en marcha por el Gobierno chino contra las minorías étnicas, principalmente la uigur, en la región de Xinjiang, en el oeste del país.
En un informe, la organización ha alertado de que las medidas «draconianas» impuestas por Pekín han llevado a miles de personas de varias minorías musulmanas a ser sometidos a un internamiento masivo que, en numerosas ocasiones, conlleva abusos y tortura.
Tras recopilar nuevos testimonios, la ONG ha alertado de que los grupos étnicos musulmanes son obligados «a abandonar sus tradiciones religiosas, prácticas culturales e idiomas locales» y son sometidos a una «vigilancia masiva sistematizada».
Las personas uigures, kazajas y pertenecientes a otras minorías étnicas predominantemente musulmanas de la región de Xinjiang «se enfrentan al encarcelamiento masivo, tortura y persecución sistemáticos organizados por el Estado que constituyen crímenes de lesa humanidad», ha reafirmado Amnistía.
El informe, titulado “Como si fuéramos el enemigo en una guerra»: Internamiento masivo, tortura y persecución por parte de China de personas musulmanas en Xinjiang’, la ONG acusa a Pekín de perseguir a los grupos étnicos con el pretexto de la lucha contra el terrorismo.
Además, el documento denuncia que las autoridades chinas han creado uno de los sistemas de vigilancia más sofisticados del mundo y una vasta red con centenares de «tenebrosos» centros de «transformación mediante la educación», donde se estaría haciendo uso de «torturas y malos tratos».
«Las autoridades chinas han creado un infierno distópico de sobrecogedora magnitud en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang», declaró Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
Callamard lamentó así que la «población uigur, kazaja y de otras minorías musulmanas está sometida a crímenes de lesa humanidad y otras violaciones graves de los Derechos Humanos que amenazan con hacer desaparecer sus identidades religiosas y culturales».
«La conciencia de la humanidad debería conmocionarse al saber que innumerables personas han sido sometidas a lavado de cerebro, tortura y otros tratos degradantes en campos de internamiento, mientras que millones más viven atemorizadas en medio de un enorme aparato de vigilancia», aseveró.
ENCARCELAMIENTO MASIVO
El texto documenta cómo desde comienzos de 2017 se ha detenido en Xinjiang a un gran número de hombres y mujeres de minorías étnicas predominantemente musulmanas. Cientos de miles de estas personas han sido encarceladas y enviadas a campos de internamiento.
Los testimonios recogidos por la organización señalan numerosas detenciones arbitrarias e interrogatorios realizados, a menudo, mediante «palizas, privación de sueño, hacinamiento y torturas». En los campos de internamiento, los internos son sometidos a duras normas y castigos y carecen de autonomía y privacidad.
Amnistía alertó así de que durante las primeras semanas o meses de internamiento es frecuente que los detenidos tengan que permanecer en la celda sentados sin moverse o arrodillados en la misma postura, en total silencio, durante la mayoría de las horas de vigilia.
Pasado este periodo, generalmente son sometidos a un proceso de «educación» forzosa, que consiste en adoctrinarlos para que renieguen del islam, renuncien a hablar en su idioma y, por contra, estudien el chino mandarín y la propaganda del Partido Comunista.
La organización ha señalado, además, que existe un fuerte régimen de vigilancia y que la población de los campos de internamiento es «una de las más vigiladas del mundo». En este sentido, aquellos que abandonan los campos tienen que permanecer varios meses sometidos a «vigilancia electrónica y personal casi constante».
Las mezquitas, santuarios u otros lugares religiosos y culturales han sido demolidos o reconvertidos para otro uso en la región de Xinjiang, donde el Gobierno lleva a cabo un «encubrimiento masivo» de esta violación de los Derechos Humanos.
Amnistía acusó a las autoridades del gigante asiático de «detener y maltratar» a aquellos que denuncian la situación que atraviesa la región. Las estadísticas oficiales de China muestran aumentos significativos de las condenas a prisión y las imágenes de satélite demuestran una importante actividad de construcción de cárceles en Xinjiang desde 2017.
«China debe desmantelar de inmediato los campos de internamiento, poner en libertad a las personas detenidas arbitrariamente tanto en ellos como en las cárceles y poner fin a los ataques sistemáticos contra la población musulmana en Xinjiang», insistió Callamard.
Para ella, es importante que la comunidad internacional «alce su voz» y actúe al «unísono para terminar con esta aberración». «La ONU debe establecer y enviar urgentemente un mecanismo de investigación independiente para que los presuntos responsables de crímenes de derecho internacional rindan cuentas», recalcó.
Si bien China sigue insistiendo en que las acusaciones vertidas en su contra por la situación de los uigures se basan en «mentiras», varias organizaciones de defensa de los Derechos Humanos estiman que al menos 1 millón de uigures, así como otras poblaciones musulmanas que viven en China, han sido internados en campos en la región de Xinjiang.
Varios informes acusan a Pekín de esterilizar a mujeres a la fuerza y obligar a la población a realizar trabajos forzosos.
El Gobierno chino advirtió en diversas ocasiones de que este tipo de posturas suponen una «interferencia en sus asuntos internos» y ha defendido que la actual situación en Xinjiang es la mejor en cuanto a «estabilidad, desarrollo económico y coexistencia entre personas de todas las etnias».
Sin embargo, países como Estados Unidos insisten en que el trato dado a los uigures supone un «genocidio» dado que además de los campos de trabajo, millones de musulmanes viven sometidos a un fuerte sistema de vigilancia y control. (Europa Press)