Duele decirlo, pero el desempeño del sector hidrocarburífero del país ha venido decayendo desde hace una media docena de años. El fuerte descenso de los ingresos por exportación, al mismo tiempo que sube el gasto por la importación de líquidos (diésel/gasolina) es la expresión de una embarazosa ecuación, con visos de complicarse más, a mediano plazo, de no mediar acciones inmediatas.
De ahí la destacable declaración del ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, quien en su comparecencia ante el Senado refirió la necesidad de modificar la Ley de Hidrocarburos: “Definitivamente, en los últimos años no tenemos incremento de las reservas, esto nos lleva a repensar todo el marco normativo, incluyendo la Ley de Incentivos, incluyendo los reglamentos que, sin duda, son importantes. Estamos modificando algunos decretos porque tenemos que ser autocríticos, los resultados no han sido los esperados y necesitamos en este momento incorporar reservas, incorporar volúmenes de producción de gas, pero también un elemento importante: necesitamos sustituir importaciones” (“Ministro dice que cambiarán Ley de Hidrocarburos y admite que las reservas no crecen”, El Deber, 24.05.2021).
Tan sesuda determinación resulta muy pertinente luego que la histórica renta hidrocarburífera que permitió al Estado realizar enormes inversiones y una alta capacidad de gasto en el pasado, ha bajado dramáticamente. Durante la época de bonanza, los ingresos por exportaciones de hidrocarburos llegaron a ser tan incidentes para Bolivia, que en el año 2013 -por ejemplo- los casi 6.700 millones de dólares de exportación, significaron 55% de las exportaciones globales del país.
Para tener una idea cabal del significado del sector basta indicar que los ingresos por exportación de hidrocarburos entre 2006 y abril de 2021 bordearon los 54.000 millones de dólares, de los que casi 50.000 millones derivaron de la venta de gas natural. En contraposición, en igual período, la importación de diésel sumó cerca de 10.000 millones de dólares y la compra de gasolina casi 3.000 millones, casi 13.000 millones en total.
El grave problema con el balance hidrocarburífero boliviano, por el lado del comercio exterior, es que, a la caída de la exportación de hidrocarburos (hoy por hoy, una tercera parte de su mejor nivel en el 2013/2014), se suma la crecida de la importación de diésel/gasolina que llegó a casi 1.500 millones de dólares en 2019, con tendencia a subir por la menor producción nacional y el incremento del consumo en el país.
Por ello, hay que felicitar el reconocimiento por parte de la máxima autoridad del sector, que Bolivia precisa una mejor Ley de Hidrocarburos para captar la inversión y la tecnología que tienen las grandes empresas petroleras, de quienes depende todo el mundo; los cambios en la ley deberán contemplar el nuevo escenario en el que estamos, no solo garantizando la seguridad jurídica sino también, para equiparar y aún superar las condiciones que en materia de incentivos (fiscales, v.gr.) ofrecen otras naciones a la inversión extranjera; deberíamos aspirar a una ley moderna, ágil y realista, considerando que los mercados naturales o cautivos que teníamos para el gas boliviano -Brasil y Argentina- han cambiado de tal manera su perfil energético que pueden convertirse en nuestros competidores (y si hacemos mal las cosas, en nuestros futuros proveedores).
Es vox populi que los megacampos San Alberto, Sábalo y Margarita, que tantas satisfacciones dieron al país para lograr monumentales ingresos -como nunca a lo largo de toda la historia republicana- están en franca declinación. En todo caso, Bolivia tiene un gran potencial gasífero por desarrollar, el problema es que el gas bajo la superficie sin exploración/explotación, no vale nada.
Nuestro futuro hidrocarburífero verdaderamente es incierto, pero de tomarse medidas pragmáticas, inteligentes y valientes, podríamos pasar de una crisis inminente a un futuro promisorio. La clave es hacer bien las cosas -pero, además- a tiempo…
El autor es Economista y Magíster en Comercio Internacional.