Después que la jueza Claudia Castro determinara ayer el arraigo del acalde de La Paz, Iván Arias, imputado por el supuesto nombramiento ilegal de un funcionario cuando era ministro de Obras Públicas, la Fiscalía anunció que apelaron la decisión porque buscan la detención domiciliaria del munícipe.
El fiscal del caso, Johan Muñoz, explicó ayer que solicitarán la detención domiciliaria de Arias, debido a “mitines” y rotura de vidrios que se registraron en el edificio del Ministerio Público.
“Debido a las injerencias que se han venido realizando, y ustedes son vivos testigos de que sea un formado mitines dentro de la Fiscalía, fuera de la Fiscalía y hasta se han llegado a romper algunos vidrios en el piso cuarto con referencia estas personas, el Ministerio Público ha solicitado la aplicación de una detención domiciliaria”, aseguró Muñoz.
El juzgado Tercero Anticorrupción de La Paz, presidido por la jueza Claudia Castro, ordenó ayer el arraigo de Arias, además del pago de fianza de 30.000 bolivianos y la obligación de marcar un registro biométrico cada 15 días.
“En plena lucha de la tercera ola de la covid-19 y la vida de los paceños, cuando más se necesita mi labor y desempeño en el ejercicio de mi cargo, la justicia ha decidido arraigarme”, dijo Arias en conferencia de prensa, después de asistir a una audiencia de medidas cautelares.
IMPUTACIÓN
En abril pasado, la Fiscalía imputó formalmente a Iván Arias por los presuntos delitos de nombramientos ilegales, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE).
La investigación se abrió a denuncia del Ministerio de Obras Públicas, porque supuestamente Arias designó a un Director General Ejecutivo del Centro de Comunicaciones sin que tenga el título en Economía y Finanzas.