Incongruente política minera

Bolivia adquirió hace mucho tiempo, después de ser un próspero país agrario y posteriormente minero, la cualidad actual de país gasífero, con cuyos ingresos sobrevive precariamente. Pero el hecho de haber adquirido esa nueva cualidad, no debe significar que la explotación minera deba ser mal atendida y hasta condenada a muerte por el Estado Plurinacional vigente.
La entidad estatal que maneja la minería estatal, como revelan muchos indicios, está dedicada a una política no bien definida y de poco interés en poner en producción eficiente sus mecanismos laborales.
La cadena de deficiencias de esa entidad tiene numerosos eslabones en deterioro que atentan contra su vida y ponen en riesgo la existencia del país. En particular, esas dificultades se han convertido en un lastre para el conjunto nacional.
Entre otros, Comibol marcha a la deriva, no aplica correctamente la legislación minera, lo que obliga a recordar que una empresa de esa naturaleza necesita alta capacidad tecnológica y no menos respaldo financiero, condiciones imprescindibles para mantener en producción la línea de empresas que tiene bajo su mando, de tal forma que, por lo menos, evite subsistir acosada por deudas, déficits y una serie de deficiencias.
Al respecto, se observa que el yacimiento de Mallku Kjota está pasando a ser privatizado, después de una publicitada “nacionalización”, que costó una cuantiosa indemnización de dudosos arbitrajes. Otro caso es el de Amayapampa que estaría siguiendo los mismos pasos, en lo que a la nacionalización se refiere.
También se hace referencia al caso de Karachipampa que, pese a su alta inversión y tiempo de existencia, no funciona y se repite el fracaso de un caldero que costó varios millones de dólares. Esa planta también podría ser privatizada por el Estado Plurinacional.
Ni qué decir de una Planta Metalúrgica que padece de una serie de fallas y que no se sabe quién las resolverá, pues requiere de 40 millones de dólares para salir de su postración crónica.
Caso similar se presenta con la Empresa Minera Metalúrgica Vinto que, para salir de entreveros, requiere nada menos que 700 millones de dólares que hacen pensar en una privatización. Otro “bulto” sería el yacimiento de Mutún, hoy a la deriva y que se convirtió en un elefante blanco durante el gobierno de Evo Morales.
En todo caso, esas referencias no solo recaen en la responsabilidad de Comibol, sino también de todo el Estado Plurinacional y, finalmente, son de incumbencia de una política minera definida, responsable, democrática y no sometida a caprichos utópicos y demagógicos.