En estos días nuevamente los temas de corrupción han reflotado, como el caso de Arturo Murillo sobre gases lacrimógenos, o igualmente de Edwin Characayo, exministro de Desarrollo Rural y Tierras, cuando fue filmado y fotografiado por la policía mientras recibía algo más de 20.000 dólares en una céntrica calle de La Paz. Casos similares se multiplican.
Aunque la corrupción existe en todos los países, sin importar sus sistemas económicos o políticos y su nivel de desarrollo. Además de ser pública, también es privada, es un fenómeno transnacional que no tiene fronteras. Dicho de otro modo, es un problema mundial, por lo que se requiere la colaboración o el involucramiento de todos los Estados, para recuperar en lo posible el dinero o bienes sustraídos.
Según la organización Universal Rights Group (URG) o Grupo de Derechos Universales, la corrupción “compromete la capacidad de los Estados para cumplir con su obligación de promover, respetar y proteger los derechos humanos de las personas dentro de sus jurisdicciones. Los derechos humanos son indivisibles e interdependientes y las consecuencias de una gobernanza corrupta son múltiples y afectan a todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, así como al derecho al desarrollo”.
Los actos de corrupción se constituyen en vulneraciones de derechos humanos, dado que es un obstáculo estructural para el disfrute de estos derechos, empero, los esfuerzos para combatirlo deben cumplir con las normas de derechos humanos, porque de no hacerlo, perderían legitimidad.
La corrupción se ha naturalizado, a tal punto que (ya) a nadie le conmueve, todos los días la comidilla es “roba, pero hace”, “si otros lo hacen ¿por qué yo no?”, existe una llamativa tolerancia social, cuando lo que se debería hacer es “escrachar” a los corruptos y sancionarlos con todo el rigor de la ley, como sucede en Singapur, China, Indonesia y Corea del Norte, donde se castiga la corrupción con sanciones severas e incluso con la pena de muerte.
En Bolivia existen muchas normativas al respecto, como la Ley 004 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, la Ley 341 de Participación y Control Social, o la propia Declaración Jurada de Bienes y Rentas (Contraloría General del Estado) que debe realizar el servidor público, todas esas normas con el propósito de combatir la corrupción, sin embargo, los resultados son poco alentadores, por no decir casi nulos.
En una anterior oportunidad (27/06/19) habíamos hablado sobre las “leyes y su aplicabilidad”, que la solución a todos los problemas no pasaba por seguir emitiendo más leyes, peor aun cuando las personas no les hacen caso o las violan permanente. Parafraseando a Montesquieu, las leyes inútiles (en el país hay muchas de ellas) arruinan a las verdaderamente necesarias. El refrán “hecha la ley, hecha la trampa”, expresa de mejor manera lo que se quiere decir, a mayor número de leyes y reglamentos, mayores son también las ocasiones para trampear. Entonces, ¿cómo combatir la corrupción?
Así como están dadas las cosas, se debe pensar seriamente en el papel que juegan las familias frente a este flagelo. Cabe recordar que la familia es la institución más relevante del Estado. Siendo así, la función que cumplen los padres de familia es primordial, debido a la presencia diaria y a la interacción que existe con los hijos. Por ello los papás deben ser buenos modelos, ejemplos a seguir por los hijos (padres buenos hay muchos, buenos padres hay pocos). Se debe hacer énfasis en la cuestión ética, es decir, en los valores y principios morales. La familia es el principal centro de educación y transmisión de dichos aspectos que, sin duda, son trascendentales a fin de tener un mejor país y, por ende, con menos corrupción.
Otros países al no poder combatir la corrupción a través de sus propios operadores de justicia, tuvieron que recurrir a la intervención externa, es el caso de Guatemala, país que solicitó ayuda a la Organización de Naciones Unidas. En consecuencia, poco después formaron la Comisión Internacional en Contra de la Impunidad e implementaron procedimientos más adecuados y medidas más fuertes; en definitiva, buscaron que sean más eficaces. Honduras recurrió a la Organización de Estados Americanos, esta instancia le colaboró con una Misión de Apoyo en Contra de la Impunidad y recién se pudo esclarecer algunos casos de corrupción, donde estaban involucrados ex dignatarios de Estado. Un caso particular es el de Rumania, país que cuando quiso ser parte de la Unión Europea no fue aceptado, debido a sus altos niveles de corrupción.
Finalmente, la pregunta del millón estriba en ¿cómo se podría combatir la corrupción de mejor manera?
¿La solución estará en implementar medidas más draconianas?, ¿respetar la normativa que se tiene?, ¿solicitar ayuda fuera del país?, ¿qué las familias (padres) cumplan con su verdadero rol?, ¿o es una misión imposible?
Usted tiene la última palabra.
El autor es Politólogo – Abogado, Docente Universitario (Trabajo Social – UPEA).