El Estado boliviano, como los demás países, necesita de una policía para la defensa de la sociedad y conservación del orden público. Actualmente resulta nociva e irrelevante una ley de ampliación de la carrera policial en tres niveles de generalato, frente a una policía debilitada por no estar ceñida a las necesidades institucionales, debido a dificultades presupuestarias, carencia de medios y mejores condiciones de vida de los policías. Es una desprolijidad hacer una ley de esta magnitud porque intenta remediar una profunda debilidad institucional, al beneficiar a pocos en desmedro de muchos.
La ampliación de 20 generales en la institución verde olivo, es irrelevante para la sociedad que clama seguridad ciudadana y mayor eficacia en la lucha contra el crimen; es posible que en adelante veamos a muchos generales luciendo estrellas doradas y condecoraciones, frente a una policía que nada ha cambiado en su esencia y continúa en mala situación, por la falta de atención de las autoridades de gobierno, principalmente en la dotación de material y equipamiento modernos, de infraestructura policial y mejores condiciones de vida, como el fortalecimiento del seguro de salud, jubilación y mejores salarios.
Si el criterio del ascenso es igualar la cantidad de generarles y almirantes de las FFAA, como lo habría sugerido el Ministro de Gobierno, estamos frente a una demagogia política engañosa y perjudicial, tanto para la policía como para el Estado, porque ambas instituciones son absolutamente diferentes, partiendo de sus misiones constitucionales, según los artículos 244 y 251 de la CPE; entonces, aunque reproduzcan los grados de generales y almirante, así como los mismos uniformes de las FFAA, la policía seguirá siendo la misma, y las FFAA seguirán intactas, porque la diferencia entre ambas está en las misiones, doctrinas y capacidades institucionales.
Este proyecto de ley es una ominosa e incalificable modificación del rango de general, originado por la incapacidad del gobierno para cumplir oportunamente con las apremiantes necesidades de la policía y que pretende, por supuesto, ganar lealtades ficticias. Está claro que la promulgación de la ley provocaría conspiraciones de grupúsculos o camarillas, por el afán de conseguir un espacio para el ascenso y ocupar cargos. Situación que, ante el insuficiente sustento lógico y legal, los asambleístas nacionales deben evitar primeramente confundir los roles y luego evitar la injerencia de un rey destronado (Evo Morales) que los induce a debilitar o destruir instituciones, quien, cargado de odio y codicia extrema no mide consecuencias adversas a los intereses vitales de la nación. Con mucha razón, las dudas surgen cuando muchos de los policías no sienten el cambio que esperan ni el beneficio para todos.
Por tanto, esta fórmula de una supuesta reivindicación de la institución policial es un engaño, puesto que antes de dar jerarquía a pocos, el gobierno debe resolver las necesidades de todos, como: la Dignidad, la Institucionalidad, Salarios dignos, Capacitación y Modernización; en suma, el gobierno debe darles mejores condiciones de vida y mejores condiciones operativas, para lograr una policía de calidad. Nadie en su sano juicio se opondría al propósito de incrementar generales, pero antes deben proponer las alternativas desde un enfoque sistémico, para que la policía pueda constituirse en un eficaz instrumento de protección y prevención del crimen frente a los desafíos del futuro. Pero con engaños, postergarán sus aspiraciones y debilitarán su aporte al mandato constitucional.
Jorge Santistevan Justiniano, abogado-CNL (SP), profesor universitario.