Desde hace varios años, se ha establecido como feriado nacional el 21 de junio, por ser la fecha del Año Nuevo Andino, Amazónico y del Chaco. La celebración ha adquirido relevancia sobre todo por factores políticos más que de convicción. Obviamente, hay personas que en su fuero íntimo tienen a la fecha como muy relevante, tanto como el 1 de enero o más quizás. Pero los ritos que se han ido llevando a cabo en los últimos años, con intervención directa y oficial de autoridades nacionales, le ha dado a la fecha una característica de reivindicación histórica. Se ha vuelto, para algunos, como una especie de respuesta para contrarrestar la tradición occidental traída de Europa.
Hace poco, se ha entrevistado en Fides TV al intelectual Fernando Untoja sobre la simbología y el significado del Año Nuevo Andino. Aquél aseveró que ni siquiera se sabe exactamente qué factores se toman en cuenta para cuantificar los años transcurridos (5.527), y que ello ha suscitado disputas entre historiadores, arqueólogos y antropólogos. Lo cierto es que la fecha ha adquirido fuertes ribetes políticos, más que adquirir polémicas o debates de tipo intelectual.
Aunque soy firme partidario de que las expresiones culturales deben ser preservadas en el tiempo —so pena de vivir en un mundo homogéneamente aburrido, unidimensional e igual—, no creo que este tipo de expresiones, que tienen no solamente cargas culturales sino también religiosas, deban ser introducidas en el imaginario colectivo con el fin de poner en pie una determinada orientación política.
Sé de una persona que hace un tiempo, mientras trabajaba en una institución pública, fue obligada a asistir a la ceremonia y seguir los pasos rituales cuando los primeros rayos del sol llegaban al complejo arquitectónico de Tiahuanaco. Se la conminó a arrodillarse y levantar las palmas de las manos hacia el sol. Ese tipo de prácticas, además de ser autoritarias, denotan que el laicismo en realidad sigue siendo una quimera. El presionar a unos cuantos a seguir ritos cuya fe no abrazan es una característica de un país arcaico de mentalidades. Es por demás sabido, además, que la religión es una acción de fe y no de obligación. Y el intentar crear en las masas una adhesión religiosa usando medios estatales y públicos está reñido no solamente con las leyes, sino además —y principalmente— con la ética.
Creo en una sociedad libre, y que en ella las personas pueden decidir qué creer y qué no. Pero no en que el Estado deba patrocinar ningún culto religioso. Lo que ocurre es que las personas normalmente se indignan contra la Iglesia Católica y el Cristianismo, expresiones del coloniaje europeo, pero no contra las expresiones religiosas nativas, pues éstas revalorizan lo propio. La ley, entonces, se aplica para unas cosas pero no para otras. Y aunque soy un creyente cristiano, debo reconocer que el Gobierno Áñez también se vulneró la cualidad laica del Estado.
Más allá del sentido o sinsentido del Año Nuevo Aimara (histórica, antropológica y arqueológicamente hablando), lo que debería llamar la atención y preocupar más es el uso que se hace de las ruinas de Tiahuanaco en esta fecha. Miles y miles de personas —muchas en estado de ebriedad— se congregan en ellas, danzando, comiendo y bebiendo. Teniendo en cuenta que se encuentran a la intemperie, bajo el sol y las lluvias, el Ministerio de Culturas debería tomar cartas en el asunto, no solo en el Año Nuevo Andino, sino todos los días del año. Ello, o sea las ruinas líticas, sí debería ser importante tanto para devotos de las deidades andinas y partidarios de la cultura nativa, cuanto para creyentes cristianos, ateos y agnósticos.
Ignacio Vera de Rada es profesor universitario.