Censo y pacto fiscal para la concertación

La realización del Censo Nacional el 16 de noviembre de 2022 es una decisión gubernamental correcta y una buena noticia para todos. Los 4 grandes interrogantes básicos de cuántos somos, dónde estamos, qué hacemos y qué necesitamos, junto a todos los datos a llenar en una boleta censal bien elaborada, serán elementos centrales para una visión estatal de mediano plazo en el encaramiento de los principales problemas del país.
Después del último censo, no sólo que se ha modificado la realidad política, caracterizada hoy por una crisis sin salidas, sino que la multiplicidad de datos que emergerán del operativo censal dará cuenta sobre el resultado de las principales políticas públicas desplegadas en 10 años, y sobre las que deberán implementarse la próxima década.
El censo será un hecho estatal de grandes proyecciones que no podemos reducirlo a una previsible disputa por más escaños y recursos. Habrá eso y mucho más, pero hay que destacar primero, la proyección estatal estratégica que conllevará el censo: El pacto fiscal como mecanismo principal para reordenar la estructura gubernamental nacional y subnacional y sentar las bases para una verdadera construcción autonómica y, segundo, en el corto plazo, para abrir el escenario que abandone la polaridad e inicie la concertación.
Después del censo de 2012, el anterior gobierno del MAS se resistió a cumplir la Ley Marco de Descentralización de julio de 2010 que disponía: que, en un plazo no mayor a 6 meses después de publicados los resultados censales, debía iniciarse “un proceso de concertación nacional y regional…” para el pacto fiscal.
Ese proceso de concertación nunca prosperó; se inició el año 2015 y terminó en fracaso el año 2018, por la sencilla razón que el gobierno de Morales no estaba dispuesto a modificar su “política” centralista, autoritaria y anti autonomista. Veamos:
1. La recentralización de recursos, durante el primer gobierno del MAS, estuvo poco visibilizada por el millonario flujo de recursos de nuestras exportaciones entre 2006 y 2014 pero, a partir de su declinación quedó al descubierto que apenas el 10% de la inversión nacional estaba en manos de 9 gobernaciones, 336 municipios y 12 universidades públicas, mientras que el 90% quedaba en las arcas nacionales para sustentar el centralismo, que hoy es continuado por el gobierno de Luis Arce que ha destinado en el presupuesto 2021 sólo el 11% para los gobiernos autónomos y el 89% para el gobierno nacional.
2. Pero, además de recentralización, el MAS llevó adelante una “política” de confiscación de los recursos subnacionales, especialmente del IDH que, estando destinado en un 50% a las regiones se lo cercenó destinándolo arbitrariamente al financiamiento de políticas nacionales: 30% para la renta de vejez; 10% para “seguridad ciudadana”; 12% para “exploración hidrocarburífera”; entre 1 y 2% para el bono de discapacidad y 0.2% para “educación cívica y patriótica”.
3. Finalmente, el antiautonomismo del MAS se expresó, por un lado, en la usurpación de competencias subnacionales, con programas “obristas” desde la presidencia como el “Evo cumple”; y por el otro lado en la persecución judicial de gobernadores y alcaldes no masistas que terminaron encarcelados y suspendidos en desconocimiento del voto popular.
Por eso el pacto fiscal y la concertación para concretarlo, después de aprobado el operativo censal, deberá ser una de las principales proyecciones del Censo del próximo año, que no puede reducirse a más o menos recursos de acuerdo con la población, sino convertirse en la mejor oportunidad de dialogo nacional para redefinir fuentes de financiamiento, distribución de competencias, reasignación y devolución de recursos y establecimiento de acuerdos intergubernativos de corto y mediano plazo, destinados a reponer, reitero, la construcción autonómica, pilar constitucional para la superación del centralismo, problema centenario del país que, junto a otros, ha malogrado todo intento de construcción nacional alternativo.
Ojalá nuestros flamantes gobernantes subnacionales tomen nota del profundo calado autonomista que pueden tener las proyecciones del censo y que salgan del inmediatismo de mayores tajadas presupuestarias. Y, sobre todo, ojalá sea la oportunidad para que la tolerancia discursiva de Choquehuanca se convierta en política pública de un gobierno que, penosamente, solo ha atinado a replicar el nefasto autoritarismo de los años anteriores.
El censo y el pacto fiscal deben ser los instrumentos para la concertación, no solo para acabar con la polarización persecutoria, sino para dar un salto en la descentralización, hoy estancada por el centralismo autoritario, y por los grandes costos y desafíos que la pandemia y la crisis económica le han impuesto a una ciudadanía cada vez más desalentada por gobernantes y opositores todavía sin rumbo.