La vocal Mirtha Montaño del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba fue imputada el miércoles por los delitos de prevaricato e incumplimiento de deberes, por haber liberado a un feminicida sentenciado a 30 años de cárcel que está prófugo desde entonces, informó la senadora Patricia Arce.
A través de su cuenta de Facebook, la legisladora manifestó que la denuncia penal presentada el 17 de mayo en contra de la vocal Montaño quien le otorgó libertad irrestricta al feminicida de la adolescente María del Carmen Carballo, tenía resultados.
“Nuestra denuncia penal en contra de la vocal Mirtha Montaño quién dio libertad irrestricta al feminicida de María del Carmen de 16 años está dando frutos, el día de hoy 4 de agosto de 2021, la Fiscalía Departamental de Cochabamba nos ha notificado con la imputación formal de la mencionada jueza, por incumplimiento de deberes y prevaricato”, escribió la legisladora.
EXIGE JUSTICIA
El 7 de mayo de 2021, Pilar Reyes, madre de María del Carmen Carballo Reyes, la joven que fue violada y asesinada por la pandilla Wander Rap de Cliza en 2016, decidió crucificarse en puertas del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Cochabamba, luego de que se confirmara que el principal autor de ese hecho, Omar Ordóñez, se dio a la fuga.
Ordoñez fue sentenciado a 30 años de cárcel por el delito de feminicidio, pero el pasado 25 de marzo de 2021, la vocal Martha Montaño, de la Sala Penal Primera determinó dejar en libertad al feminicida con una fianza de 100 mil bolivianos.
Pilar Reyes, junto a activistas de Mujeres de Fuego, se crucificaron en puertas del TDJ exigiendo justicia y pidiendo sanciones para la vocal Montaño, pues fue ella quien ordenó la libertad de Ordóñez y le dio la posibilidad de fugar.
IRREGULARIDADES
El Consejo de la Magistratura inició una auditoría al proceso e identificó indicios de responsabilidad penal y disciplinaria de varios funcionarios. En las conclusiones de la auditoría, se advierte la inasistencia del Ministerio Público y de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia “a reiteradas audiencias” y, en especial, a la del 25 de marzo en la que se otorgó la libertad de Ordoñez. Además, la falta de notificación a la Defensoría por el Oficial de Diligencias de la Sala Penal Primera para la audiencia del 25 de marzo y retardación de un año y siete meses en la tramitación de la apelación interpuesta por el acusado.
DATOS
Nueve de cada diez casos de feminicidio se produce en el entorno más cercano de la víctima; es decir, fue cometido por la pareja, expareja, e incluso un amigo, según revela un estudio elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Comunidad de Derechos Humanos, el cual se presentó en el marco del Día Mundial de la Población 2021, que se conmemora cada 11 de julio.
Para el informe se hizo un estudio 173 expedientes de un total de 323 procesos penales abiertos por delitos de feminicidio (53,56% del total), en diferentes juzgados cautelares y de sentencia, y tribunales de sentencia con competencia en delitos de violencia contra las mujeres. El período de investigación es de 2018 a agosto de 2020, en las nueve ciudades capitales y El Alto.
Según los datos que arroja la investigación, el 92 % de los hechos de feminicidio analizados sucedió en el entorno de la víctima; el agresor fue el cónyuge, el conviviente, excónyuge, expareja, exenamorado, o un amigo. En el 35.19 % de los casos, las víctimas tenían hijos en común con el agresor. En el 21.43 % de los casos, los hijos o hijas presenciaron el feminicidio de su madre.
En el 60.61% de los casos, el autor tenía o tuvo una relación con la víctima como cónyuge o conviviente de la víctima, o se encontraba ligado a la misma por una relación de afectividad o intimidad, aún sin convivencia. El consumo de alcohol es otros de los detonantes, porque en el 58.39 % de los feminicidios revisados, el agresor había consumido bebidas alcohólicas previamente al hecho.
En cuanto al rango etario. El grupo más afectado es el de 29 a 59 años, 53.19 % de hechos de feminicidio. Le sigue el grupo de 18 a 28 años, con el 35.19. El 5.77 % corresponde a mujeres adolescentes y el 5.13 % a mujeres adultas mayores. Asimismo, el 58.93 % de los presuntos autores de feminicidio es de edad adulta, entre 29 y 59 años; el 33.43 % es joven, entre 18 y 28 años; y, en menor porcentaje, son adultos mayores (4.86 %) y adolescentes (2.78 %).
Otra de las características de los casos estudiados es la violencia extrema con la que fueron perpetrados los feminicidios. En el 33.93 % de los casos fue por traumatismo severo, 18.45 % por asfixia, 16.07 % por arma blanca, 10.12 % por estrangulamiento, 9.52 % por disparo de arma de fuego y el 2.38 % por quemaduras e intoxicación.
Las causas de los feminicidios demuestran que prima aún la certeza de que la mujer es posesión del hombre, así lo muestran los móviles más citados por los presuntos autores. Los celos son el motivo más común entre los casos estudiados (45,45%), además de la ruptura sentimental (15,4%), la infidelidad (10,91%) y los problemas económicos (10,91%).
LA ATENCIÓN DE LOS CASOS
Un dato que preocupa es que, en el 17.95% de los casos investigados, existió más de una denuncia por violencia previa al feminicidio, lo que significa que no hubo protección a la víctima pese a la alerta. Asimismo, según la información que arrojan las autopsias, en más de la mitad de los casos identificados se comprobó la existencia de violencia sistemática contra las víctimas de feminicidio.
Otro de los hallazgos es que hay un vacío en la protección de las víctimas de violencia por razón de género. Por ejemplo, el 71,24% de las víctimas indirectas no tiene ninguna medida de protección a su favor.
La retardación de justicia es un elemento que atenta al derecho de una pronta resolución de los casos de feminicidio. En el 43,45% de los casos, la etapa preparatoria duró de 6 meses a un año, más allá del plazo establecido por ley. Sobre la duración de los procesos hasta la sentencia, el 52,63% de los casos duró un año; el 42,11%, tres años; y el 5,26%, más de tres años.
La mayor parte de los procesos revisados se encuentra en la etapa preparatoria (35.58%); el 22.70%, en la etapa de juicio; el 20.86%, en ejecutoria de sentencia; el 14.72%, en la etapa preliminar; y el 6.13%, en apelación. En el 15,38% de los casos no se adoptó medidas cautelares contra el supuesto agresor. En el 68,75% de los casos de feminicidio, no se efectuó la descripción del perfil de procesado. (EL DIARIO y agencias)
