La Empresa Portuaria Arica (EPA) cuestionó la decisión de la Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B) de no suscribir un acuerdo de descuentos tarifarios de largo plazo, señalando que esta negativa perjudica a los importadores del vecino país, que son los clientes y beneficiarios finales del puerto.
El gerente general de la EPA, Rodrigo Pinto, llamó a la ASP-B a suscribir el acuerdo consensuado al que llegaron en la Comisión Técnica Comercial, conformada por la ASP-B, EPA y el concesionario TPA entre los días 29 y 30 de julio en Arica.
“No resulta creíble que la ASP-B desconozca ese acuerdo y ahora pida 6 meses más para revisar un tarifario que ya conoce”, agregó.
Pinto señaló que la EPA ha tenido “diligencia, responsabilidad y flexibilidad con la ASP-B, propiciando tempranamente la firma de un acuerdo”.“Le avisamos en febrero, en marzo, abril, mayo y junio. No parece serio ni razonable que vencido este acuerdo, recién se nos señale que van a estudiar el tarifario de los servicios y tarifas que ocupan habitualmente y desde hace largo tiempo”.
Los empresarios bolivianos lamentaron la actitud de la ASP-B, que sölo incrementas los costos de las operaciones en la terminal portuaria.
El máximo ejecutivo portuario precisó que “el problema de demorar la firma, sólo perjudica a los importadores, que deben ser intermediados y representados por la ASP-B. Hoy esos importadores deben pagar las tarifas públicas sin los descuentos que ofreció el Puerto, debido a que la ASP-B, primero, dejó pasar el tiempo desde febrero, y segundo, se niega a suscribir el acuerdo a tres años que habíamos consensuado, con pretextos que no parecen serios ni razonables”.
Acuerdo trianual
Sobre el acuerdo alcanzado con la ASP-B en la Comisión Técnica Comercial a fines de julio en Arica, el Gerente General de la EPA destacó que la propuesta acogió las tres peticiones realizadas por la ASP-B durante las negociaciones.
“La ASP-B nos pidió ser comprensivos con la situación económica de Bolivia en pandemia, otorgando un mayor plazo para la vigencia del acuerdo. Esta petición la aceptamos, consensuando 3 años de duración para el nuevo acuerdo. También acogimos la solicitud de un mayor descuento promedio que el año 2019 y por eso se consensuó un 38 %. Y además se agregó el servicio a las cargas de proyectos de obras civiles a la batería de descuentos, totalizando 23 servicios con tarifas rebajadas. No vemos ninguna razón técnica ni comercial para pedir más tiempo, si las cifras y plazos están claros y en función de lo que la ASP-B nos solicitó”, puntualizó.