La frase del título de esta nota de opinión periodística fue lanzada por el más grande pensador del pasado siglo, y seguramente de la historia cultural de nuestro país, Franz Tamayo, en relación con su crítica a los políticos que, en función coyuntural del poder, hacen uso y abuso del mismo, cometiendo excesos reprobables, amparados en el aparato de administración del Estado, que lo convierten en mecanismo de persecución y represión, más que como medio de servicio a la ciudadanía para la atención de sus angustiantes demandas.
La sentencia de Tamayo cabe muy bien en los tiempos políticos en los que vivimos, gobernados por un grupo de gente que hace tres quinquenios está en el ejercicio del poder, con ideas difusas de indigenismo, socialismo de inspiración marxista, revolución cultural (?) y en general populismo.
La política impresa por el populismo-masista en estos casi quince años, ha sido la del odio y la confrontación con los que no siguen el libreto cubano-castrista que inspira a los regímenes dictatoriales de Venezuela, Nicaragua y de “democradura” en otros, ante la contemplación pasiva del concierto internacional, que los hace “cómplices” con su silencio.
El poder del Estado, que en el sistema democrático por el ejercicio de la soberanía del pueblo a través del voto y sus representantes en el poder, de mayorías y minorías, tiene como límites las leyes a partir de la norma suprema, la Constitución Política del Estado, es decir que son las normas las que fijan los límites del poder y, en consecuencia, nadie puede estar por encima de la ley, como sucede en los regímenes autoritarios, en los que el gobernante convertido en caudillo, se pone por encima de la ley y él mismo se cree hacedor de la ley, pues ordena que sean elaboradas leyes a su agrado e interés, por su mayoría en el Órgano Legislativo.
En el Estado de Derecho, que es el resultado del sistema democrático de gobierno y de vida de la sociedad, se determina que todo acto de poder debe responder al cumplimiento riguroso de la ley, por parte de gobernantes y gobernados, como sentenció el sabio griego Platón en su Segunda alternativa de gobierno, que en ausencia del sabio rey, el soberano es la ley. En esa situación del gobierno de la ley, el aparato de cumplimiento de ésta, es el aparato judicial u Órgano Judicial, que debe ser independiente de toda influencia de los otros poderes u órganos, en especial de los que responden por su función a la política partidista o de grupo político.
El Órgano Judicial no solo tiene como finalidad conocer y resolver las controversias de intereses entre los miembros de la sociedad o de éstos con el Estado como persona jurídica, sino que es un freno a los excesos del poder en contra de los derechos y garantías de los ciudadanos. Pero cuando los componentes del Órgano Judicial no responden a la ley, sino a las órdenes del poder político, la ciudadanía pierde su posibilidad de defensa y se encuentra en una situación de “indefensión”.
Es en condena a los excesos del poder, que Tamayo sentencia su máxima, pues no se puede ser impunemente poderoso, porque en algún momento, como nos enseña la historia, los que amparados en el poder efímero cometen todo tipo de delitos contra los derechos Humanos (otro componente de la Democracia), las libertades y derechos amparados por esa norma de carácter internacional y de cumplimiento en cualquier país del mundo, serán sujetos a penalidades en cualquier lugar donde se refugien, o como la historia también nos enseña, que el pueblo en ejercicio de su derecho de rebelión y resistencia, hace justicia.
Los coyunturales gobernantes deberían primero conocer las normas constitucionales, y leer la historia que, como dijo Napoleón, es la madre de los pueblos. Y es que será esa historia la que les juzgue y pasarán por sus páginas como buenos gobernantes, cumplidores de la ley o execrables dictadores, pero no olviden que todo en la vida tiene un límite y más aún el ejercicio del poder.
El autor es Abogado, Politólogo, escritor y docente universitario.