Procedimientos legales favorecen a implicados en robos agravados

En el primer año de la aparición del Covid-19, en regiones de mayor movimiento comercial, como Santa Cruz, hubo disminución en los casos de robo agravado, como consecuencia de la pandemia. Mientras que, en el primer semestre de 2021, las denuncias por el mencionado delito han aumentado, es decir los hechos registrados y los casos resueltos por la Policía Boliviana.
Para 2020 las denuncias de víctimas de robo agravado fueron 48, en los tres primeros meses, de los cuales han sido resueltos 38, en comparación con la presente gestión, con 211 denuncias, de las que 163 llegaron a ser esclarecidas. Como se observa, el aumento de las denuncias llega a más del 400%, en comparación con la pasada gestión, como consecuencia del aumento de hechos delictivos, los cuales revelan particularidades como: uso de armas blancas, armas punzo cortantes, armas de fuego o incluso la presencia de más de dos personas en la comisión del delito, como establece el Código Penal, recursos que no solo son usados para apropiarse de objetos de valor, sino poner en riesgo la seguridad de las víctimas.
Pese al aumento de los casos, por el retorno a las actividades comerciales y la posibilidad de resolver más del 77% de los casos denunciados en la presente gestión, se debe considerar que en los últimos tres años se evidenció que con frecuencia son presentadas ante la opinión pública personas relacionadas con la comisión de estos ilícitos, quienes en algunos casos son parte de organizaciones criminales. Pero luego de un corto proceso de detención preventiva en cárceles, nuevamente retoman las calles y son detenidos en flagrancia, reincidiendo en el delito.
Este procedimiento reduce la credibilidad de la población respecto a los administradores de justicia y, sobre todo, al procedimiento que incluye las detenciones, porque quienes afectan la seguridad ciudadana, en poco tiempo continúan delinquiendo. Será por este factor que, según datos estadísticos, los casos de robo o robo agravado, que implican el uso de la fuerza y la participación de más de una persona, además del uso de armas, continúan ocupando los primeros niveles de la problemática social, pese a los esfuerzos para esclarecer los hechos.
Cabe afirmar que, en el primer semestre de 2018, las denuncias por robo y robo agravado llegan a 8.500. El departamento de Santa Cruz registra 3.500 casos y La Paz con 995 denuncias, seguidas de Cochabamba con 858, Beni con 862, Chuquisaca con 762 y los demás departamentos con menos de 600 hechos.
Por estos datos es urgente definir procesos no solo acelerados, sino que permitan reducir la carga procesal y, por ende, la calificación de sentencia directa a más del 80% de privados de libertad en centros penitenciarios, donde la detención preventiva no es más una excepción, sino una norma continua. Pero con el riesgo de que en poco tiempo esas personas no solo reincidan en la comisión de delitos, sino en libertad logren paralizar los procesos penales, buscando que la o las víctimas no sigan con el proceso legal.
Lo cierto es que, en Latinoamérica, como en Perú, Brasil y sobre todo en Bolivia, se observa cada vez más que estas asociaciones delictivas están implicadas en varios delitos, no solo robos agravados, sino también narcotráfico, aspecto que imposibilita la reinserción social.