El Art. 242 de la Constitución Política del Estado establece que “La participación y el control social implica, además de las previsiones establecidas en la Constitución y la ley: 1. Participar en la formulación de las políticas de Estado 2. Apoyar al Órgano Legislativo en la construcción colectiva de las leyes”. Pero AguartArce en su “informe” a las y los bolivianos, el 6 de agosto, no cumplió con el mandato constitucional, por el que debe coordinar sus políticas de gobierno con la ciudadanía. Presentó un informe mentiroso, hostil, lleno de odio y repitió 54 veces la palabra golpe, tratando de influenciar al soberano, como si fuéramos sus vasallos, cuando sabemos que el cocalero Morales hizo fraude para perpetrarse en el poder y fue descubierto por los observadores de la OEA y de la Unión Europea, informe ratificado por la Auditoría Vinculante de la OEA.
AguantArce no dio señales para la reactivación económica, tampoco sobre las empresas estatales deficitarias, que fueron creadas para dar trabajo a los masistas, sin proyecto de factibilidad ni estudio de mercado, porque la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública, dependiente del Ministerio de la Presidencia, informo que 9 empresas estatales acumularon pérdida de Bs. 475.millones: 1) Azucarera San Buenaventura, 2)Textiles Yacana, 3) Industrialización de Hidrocarburos, 4) Quipus, 5) Siderúrgica del Mutún, 6) Cementos de Bolivia, 7) Yacimientos de Litio Bolivianos, 8) Apoyo a la Producción de Alimentos, 9)Naviera Boliviana, que implica un gasto inútil, porque cada vez la deuda crece, el Banco Central presta el dinero que proviene de las Reservas Internacionales, que son los ahorros del soberano. Lamentablemente, hasta ahora las empresas motivaron 1.225 procesos legales, de los que 572 corresponden al área penal.
Nada dijo sobre el narcotráfico que está inundando Bolivia, con muertes entre narcos, como si fuera tierra de nadie, con grandes descubrimientos de producción y comercialización de la cocaína, sin procesos ni culpables. Además, con la Ley inconstitucional de la Coca que amplía la producción de coca en el Chapare, que NO es originaria ni ancestral y el 90% no se registra, según la Onudc. Esa cantidad va al narcotráfico.
Tampoco informó sobre la sanción a la mega corrupción durante el gobierno del cocalero Morales, en el que aguantArce fue su Ministro de Economía y Finanzas; con descaro escalofriante echó flores al bloqueo inhumano de la COB, que ocasionó la muerte de más de 30 personas y bebés, porque no dejaron pasar camiones con tubos de oxígeno para hospitales. Cuando un anciano pedía públicamente que dejen pasar el oxígeno y falleció horas después.
El Art. 172 de la CPE define: “Son atribuciones de la Presidenta o del Presidente del Estado, además de las que establece esta Constitución y la ley: 1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. 2. Mantener y preservar la unidad del Estado boliviano”. AguantArce al posesionarse juró cumplir este mandato, pero no lo cumple; en su informe incita a la violencia y odio entre bolivianos, buscando la división entre las y los que no comulgan con su falso socialismo.
Finalmente expresó que seguirá con la persecución y encarcelamiento de opositores, personas visibles de las plataformas, periodistas que dan noticias reales, hombres y mujeres que salieron a las calles a exigir el cumplimiento de la CPE, la Democracia y los Derechos Humanos. Se advierte que no respeta lo que establece la CPE en los Arts. II. “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” y 116.I. “Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado”. Con sus palabras solo destila odio y lo único que está logrando es la división de la ciudadanía, lo que se traduce en Traición a la Patria, delito establecido en el Art. 124.3. de la CPE y debe ser sancionado.
La autora es Economista, ex Asambleísta Constituyente.