Si es un derecho natural alzarse contra la injusticia, como dice el filósofo Mario Bunge, por qué las marchas de protesta del pueblo boliviano que tenían ese propósito fueron ahogadas en sangre inocente, con certeros disparos de armas de guerra que impactaron en la cabeza de los que la encabezaban. No existe racionabilidad ni proporcionalidad en los medios empleados para matar gente en estas marchas patrióticas, pues, unos hicieron uso de armamento de guerra, y otros no tenían más armas que la bandera de su patria y el estandarte de la minorías oprimidas, y con estas armas nobles reclaman el retorno del presidente que ellos habían elegido, puesto que éste gobernante había hecho dejación del cargo y acto seguido huido al extranjero, luego que se levantara el pueblo por las injusticias que había cometido.
Como se advierte, la primera intención de éstos últimos no era robar ni explotar a nadie, como dijera el revolucionario Ernesto Guevara a tiempo de despedirse de “Cuba” para luchar por mejores condiciones de vida de la humanidad. Masacre del pueblo que no debe quedar en el olvido y sin castigo ejemplar para que nunca más se repita, por eso es menester ajusticiar a los verdaderos autores de tan atroz espectáculo que conmueve no solamente al Bolivia sino al mundo entero. Pero quién dio la primera orden para reprimir al pueblo tras la precipitada huida del gobernante indígena, la respuesta está en el decreto ley emitido por el nuevo gobierno conformado tras la huida y dejación del cargo del que sería hasta entonces el único gobernante indígena de América latina, en el cual se autorizaba a la Fuerzas Armadas a poner orden en un país convulsionado y al borde de la guerra civil. Este decreto ley en el fondo resultaba una licencia para matar impunemente a los pobres y explotados de nuestra patria, sus creadores sabían y conocían que, mal aplicado, podía ocasionar muertes y heridos. Es decir, existía la posibilidad de que se produzca estos lamentables hechos, lo que los abogados penalistas denominan “dolo eventual”, cuanto se mata con conocimiento y voluntad criminal. Por lo cual, los autores intelectuales y materiales de los nefastos resultados del famoso decreto ley o licencia para matar deben responder por los asesinatos premeditados de sus hermanos. Nadie puede escudarse en rebuscada respuesta: “Yo no he mandado a matar a nadie”, que argumentan en su defensa algunas altas autoridades del régimen de gobierno transitorio, ahora caído en desgracia.
Asimismo, en este cruel y alevoso asesinato de compatriotas, se debe examinar la actuación del presidente indígena prófugo, pues este sin igual y raro personaje, a través de “video llamadas” que hacía desde su refugio en el extranjero, ordenaba resistir al ejército que intentaba contener a la turbas que pretendían destruir propiedades públicas y privadas, sin motivo alguno. Para este cometido ordenaba bloquear caminos, para evitar que las ciudades se abastezcan de alimentos y así rendir a sus habitantes por hambre y enfermedades, conociendo y considerando que en ese intento habrían de caer muchos compatriotas. Vale decir, actuando también con dolo eventual, como que cayeron muchas personas impactados por balas, al parecer disparadas desde helicópteros militares.
Ahora bien, ¿cuáles son las pruebas para ajusticiar a los asesinos de un pueblo sin armas? Al respecto, en lo que corresponde al gobierno transitorio, al cual sus enemigos denominan “Gobierno de facto”, se tiene su famoso decreto ley que autoriza a las Fuerzas Armadas a poner orden en un país enfrascado en una lucha sin cuartel entre hermanos, cuya aplicación, con el saldo de muertos y mutilados que se conoce, ha generado el encarcelamiento de la segunda mujer presidenta de Bolivia, y no de sus compañeros de lucha que la felicitaban en el momento de firmar y publicitar el mencionado decreto ley.
En relación con la participación del presidente indígena prófugo, lo acusan sus “video llamadas”, que él mismo reconoce que son suyas y de su autoría, y no necesitan ninguna pericia para establecer si es o no su voz. Al margen de las pericias o exámenes que se realizaron en Bolivia y países del extranjero, que también establecen que el autor de esas video llamadas es el presidente indígena prófugo.
Sucintamente expuestos estos luctuosos hechos, se evidencia que existen señales o rastros que permiten suponer que tanto la ex presidente denominada de facto y su gabinete son presuntos autores directos o indirectos de los delitos de asesinato y otros. Por otra parte, el ex presidente indígena también se encontraría en la situación de posible “autor detrás del autor” de los delitos de terrorismo y otros, ya que, con sus órdenes e instrucciones de cercar las ciudades para derrotarlas por el hambre, ha generado zozobra y pánico en la población boliviana.
Por lo mismo, el pueblo se ha visto impedido de realizar normalmente sus actividades cotidianas, requisito o condición para ser acusado por terrorismo y otros delitos calificados, por lo cual, ambos ex mandatarios junto a sus ex colaboradores deberían ser investigados por estos actos delictivos, y no solo la cabeza de un gobierno transitorio ahora tildado de facto, como acontece al presente, ya que con este actuar anómalo se estaría atentando contra el principio de que todos somos iguales ante la ley, proclamado por el que fuera líder indígena de América y presidente de la república de Bolívar.