Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta textos específicos, como las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, el conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención, ofrecen un conjunto de normas para que el personal penitenciario cumpla sus funciones mediante políticas y prácticas legítimas, humanas y disciplinadas. Por tanto, la implementación de esos principios a su labor, refuerza la dignidad de ese oficio. Las normas de derechos humanos que forman el contenido de todas las prescripciones de la ONU, la propia Constitución Política del Estado y los tratados internacionales se han integrado en leyes y reglamentos nacionales, proporcionando una orientación para el desempeño que es vital para la buena marcha de una sociedad democrática y para el mantenimiento del estado de derecho.
No voy a caer en un reduccionismo peligroso, porque de seguro entraría en parcializaciones o al menos en medias verdades, de manera que no emitiré juicios de valor contra el personal de régimen penitenciario del centro penitenciario de Miraflores, pero las repetidas denuncias de la ex presidenta constitucional Jeanine Añez y sus hijos, por las restricciones que estaría sufriendo para ser valorada por médicos de su confianza y privada de exámenes clínicos y de laboratorio que su estado de salud requieren, me hace pensar que por propia iniciativa o por órdenes superiores (lo cual es muy probable) están incurriendo en conductas absolutamente reñidas con los principios básicos de los derechos humanos.
A muy poco de la detención de Añez, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU hizo recomendaciones expresas a Régimen Penitenciario sobre el trato que a esas alturas estuvieron profiriendo a la detenida, considerando, además, su delicado estado de salud. Es conocido por la opinión pública que, desde marzo a estas alturas, la condición física de la exmandataria ha experimentado un detrimento significativo y las imágenes televisivas son fieles testigos de la agravación de su salud, como consecuencia de la depresión que sufre. La angustia por verse privada de comunicación con sus seres más próximos, está contribuyendo decisivamente a un deterioro acelerado en su salud integral.
Desde esta misma columna, cuando Jeanine Añez fungía como Presidenta del país, denuncié el talante despótico del tristemente célebre Arturo Murillo, que era el rey detrás del trono. Al conjunto de sus arbitrariedades, más adelante ya se sumaron los fundados indicios de corrupción. Su investigación y eventual sanción a todo su gobierno debe hacerse a través de un juicio de responsabilidades que por su investidura le corresponde en derecho y con una justicia que garantice imparcialidad y que el actual sistema está lejos de ofrecer.
Nuestras autoridades, sin embargo, no pueden dejarse llevar por el odio para actuar con la saña con que lo están haciendo. Jeanine Añez no ha cometido delito anterior a su investidura a la primera magistratura, por tanto, su privación de libertad derivada de una tipificación forzada, es un exceso inadmisible y, al contrario, se debe reconocer que la dignidad intrínseca de todos los miembros de la familia humana es la base de la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Se debe terminar de entender que no solo se tiene que hacer observancia de las resoluciones y los principios universales que son de su conveniencia, sino que a pesar de que la Declaración Universal en sí misma no es un instrumento obligatorio, algunas de sus disposiciones tienen rango de derecho internacional consuetudinario, como el derecho a la vida, a la libertad, y seguridad de la persona; a no ser objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes, pero especialmente a ser considerada inocente hasta que se demuestre culpabilidad. ¡Basta de detenciones sin que se haya siquiera iniciado el juicio! ¡Basta de aplicar como regla lo que la ley determina como excepción! ¡Clemencia, no impunidad!
Augusto Vera Riveros, es jurista y escritor.