El Ministerio de Educación delega a las direcciones distritales y departamentales de educación la responsabilidad y análisis para definir la modalidad en la que se pasará clases, de manera presencial o semipresencial. Ahora las distritales, por circular que hicieron llegar a las unidades educativas, delegan esta gran responsabilidad a nosotros, los padres de familia.
Por ello en las unidades educativas se está convocando a reuniones presenciales, virtuales, para que los padres de familia definamos si nuestros hijos vuelven a clases presenciales o no. Lo sorprendente es que el Ministerio de Educación convirtió a los padres de familia en epidemiólogos, en expertos en el área de salud, para que nosotros tomemos la decisión de si nuestros hijos vuelven a clases o no. Ello demuestra la incapacidad del Ministerio de Educación, ya que ante una decisión que tiene que ser tomada por especialistas en epidemiología, traslada semejante responsabilidad a padres de familia que vemos como el actual gobierno está “metiendo la pata”, como corrientemente se dice. No tiene estructura de planificación, menos planes de contingencia para esta terrible pandemia. Ahora se ve ebrios por las calles, discotecas abiertas, desfiles, eventos musicales, deportivos, marchas de protesta, homenajes, como si nada estuviera pasando, solo por decisiones laxas e improvisadas de nuestras autoridades, por decisiones políticas.
Las clases virtuales son un fracaso porque los maestros no están formados y preparados para ello, son solo clases de sufrimiento y agonía para los estudiantes. Los profesores solo se dedican a dar tareas y más tareas, vemos a diario que la psicopedagogía queda en un concepto y en papel, está fuera del alcance de la realidad nacional.
Y es que la señal de internet no llega a varias latitudes de nuestro territorio, los equipos tecnológicos en los hogares bolivianos no son los mejores, donde hay más de tres niños en edad escolar y un solo celular para clases. Vemos reflejados los altos índices de pobreza de las familias bolivianas.
Observamos que los profesores solo califican tareas, trabajos prácticos y los anacrónicos y anquilosados exámenes, que solo reflejan la capacidad repetitiva y memorística del estudiante y no los conocimientos, personalidad, criterio, valores humanos que el estudiante va adquiriendo y desarrollando con el paso de la vida y el ejemplo del núcleo familiar y el entorno social donde éste se desenvuelve. Pareciera que los sistemas educativos en Bolivia se congelaron en el tiempo. Mi abuelo, mi padre pasaron clases bajo estos mismos sistemas educativos, al igual que yo los pasé, es decir que seguimos en más de lo mismo, con las mismas peculiaridades y taras de nuestro sistema educativo de hace más de 50 años. En vano se habla de la Ley Avelino Siñani, si al final de cuentas nuestros profesores siguen con el espejo retrovisor de antaño.
Ley N° 070, Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”, establece que toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación; que la educación es una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado; y garantiza la participación social y comunitaria de madres y padres de familia en el sistema educativo.
Esta ley en su espíritu está muy bien enfocada y cimentada, pero en la realidad, en el diario vivir, está lejos de su aplicación y correcta interpretación. Esta ley también debería ir de la mano del derecho humano a la alimentación de todos los niños de nuestro territorio, sean nacionales o extranjeros; debería ir a la par del derecho humano a una vivienda en condiciones dignas; debería estar fusionada con el derecho humano a la salud y seguridad de parte de nuestro Estado. Me dirán que eso ya está en la Constitución Política del Estado, sí, está redactada en el papel, pero no se la cumple. Como ejemplo traigo a colación el ejército de niños que están junto a sus padres en situación de calle, mendigando en las calles de nuestra tierra.
Durante el gobierno transitorio este fracaso se reflejó en la clausura del año escolar, ahora se ve una manipulación política y la incapacidad del Ministro de Educación, reflejada en que los padres de familia tomemos la cruda decisión de si nuestros hijos vuelven a clases presenciales o no. Deja entrever su ineptitud e improvisación, al delegar a los padres la responsabilidad de tomar una decisión de semejante magnitud. Si los índices de contagio se disparan, será culpa de los padres; si hay fallecimientos de profesores o estudiantes, será culpa de los padres de familia; si hay muchos internados en terapias intensivas, será culpa de los padres.
Si al Ministro de Educación el cargo le queda grande, que dé un paso al costado, para que los padres podamos tomar una decisión de semejante envergadura. Necesitamos asesoramiento de epidemiólogos, de expertos en el área de salud, requerimos datos estadísticos precisos, que sean reales y no estén imbuidos de intereses políticos, al decir que todo está bien, cuando llega a cuenta gotas la segunda dosis de la vacuna rusa. Con asesoramiento de expertos en estadística podremos tener certeza de qué porcentaje de nuestra población está vacunada. Hay que tener presente que aún no se ordenó la vacunación universal, lo que llama la atención de sobremanera. Menores de 18 años no están vacunados, pero se quiere que los padres tomemos la cruda decisión –sin información fidedigna, científica– de mandar a nuestros hijos a unidades educativas para que pasen clases.
Para tomar tal determinación, los padres de familia deberíamos estar en función de gobierno, a fin de tener asesoramiento científico, epidemiológico, con recursos humanos, estadísticos, periciales, tecnológicos, mercadológicos, y suficientes recursos económicos. Que deje de improvisar el Ministro de Educación, que deje de hacer política con esta terrible pandemia. Lo lógico sería que todo el “universo nacional” este vacunado y aun así, por sentido común, por un sentido racional, corresponde esperar, hacer un seguimiento por epidemiólogos. Sí, esperar un tiempo prudencial para volver a una nueva normalidad, porque con esta experiencia ya no se puede volver al punto cero.
El autor es abogado.