La Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B) reiteró este lunes que la Empresa Portuaria de Arica (EPA) no puede incrementar las tarifas de manera “unilateral” mientras no exista un acuerdo mutuo entre ambos sectores.
El gerente de la ASP-B, Dante Justiniano, afirmó que hasta el momento no hay ningún documento que se haya firmado donde establezca que Bolivia acepte las nuevas escalas tarifarias, solo se quedaron en propuestas “unilaterales”.
“Nosotros seguimos con la amplitud, abiertos a llegar a un acuerdo sin imposiciones, a llegar a un acuerdo sin que se establezca algo que pueda afectar lo que establece el tratado de 1904 y por ende la carga boliviana”, afirmó en rueda de prensa.
En pasados días, la concesionaria Terminal Puerto Arica (TPA) afirmó que aún se mantienen a la espera de que la ASP-B pueda firmar el documento conjunto del 30 de julio de las tarifas y expresó su disposición de que se pueda lograr un acuerdo.
Justiniano ratificó que no se aceptará ninguna imposición por parte de Chile y descartó que desde febrero se haya recibido una oferta sobre las nuevas tarifas.
En febrero la EPA envió una carta para iniciar las reuniones y negociaciones, y la ASP-B demoró dos meses en enviar la respuesta; y las autoridades nacionales indicaron, en conferencia de prensa d hace dos semanas, que ellos solicitaron las reuniones pero que la administradora señaló que no se podía por la pandemia.
El pasado 20 de agosto la administradora de la terminal portuaria informó que ya se empezó a emitir las facturas a la ASP-B con las nuevas tarifas públicas, y ya la estatal boliviana la segunda semana de agosto publicó un comunicado indicando a los usuarios que tomen sus recaudos por el aumento del costo de las operaciones.
La ASP-B ya estaría cobrando las nuevas tarifas, pero su director ejecutivo asegura que no puede incrementar la APA las tarifas unilateralmente, debido a que no se alcanzó aún a un acuerdo.
El acuerdo de 2019 venció el 5 de agosto, y tenían hasta esta fecha negociar nuevas tarifas, pero como no se logró alcanzar el mismo, la administradora chilena aplica las tarifas públicas.