Después que la Fiscalía presentara su proposición acusatoria contra la expresidenta Jeanine Añez por genocidio, abogados aseguraron que el extremo era “descabellado y de difícil comprobación”, a esto se sumó el director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, que calificó de un “disparate” la solicitud.
El pasado 20 de agosto, el fiscal general, Juan Lanchipa, informó que presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un requerimiento acusatorio en contra de Añez para que sea remitido a la Asamblea Legislativa y esta instancia autorice un juicio de responsabilidades por los 20 muertos y heridos en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) en noviembre de 2019.
“El Ministerio Público presentó el día de hoy (viernes), ante el Tribunal Supremo de Justicia un requerimiento acusatorio contra la ciudadana Jeanine Añez, por tales hechos, calificados provisionalmente como genocidio, lesiones graves y leves y lesión seguida de muerte”, dijo Lanchipa.
A través de su cuenta de Twitter, Vivanco escribió ayer: “El #GIEIBolivia ha aportado pruebas sólidas de la participación de fuerzas de seguridad en dos horrorosas masacres. Pero acusar a @JeanineAnez de ‘genocidio’ es un disparate. Estos cargos desproporcionados dificultan la justicia imparcial para las víctimas”.
MASACRES, NO GENOCIDIO
El abogado y exalcalde de La Paz, Juan del Granado, lamentó que Lanchipa “no haya leído” con detenimiento el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), donde se habla de masacres empero no de delitos de lesa humanidad ni genocidio, “una figura compleja que tiene que ver con la intención de hacer desaparecer a un grupo político”.
“Parece que el fiscal no ha leído detenidamente, con seriedad, el informe del Grupo de Expertos porque en ese informe no han considerado el delito de genocidio o delitos de lesa humanidad, por lo que el fiscal no podría basarse en el informe como dice que lo está haciendo”, manifestó en contacto con EL DIARIO.
Apuntó que el delito por el que acusa a la expresidenta es de difícil comprobación y está alejado de la realidad que se vivió en 2019.
“En mi criterio está completamente alejado de los hechos muy dolorosos que se produjeron el año 2019, sí se dio la muerte de 37 conciudadanos, se dieron las masacres de Sacaba y Senkata pero el genocidio como forma delictiva para hacer desaparecer a un grupo humano, étnico, no parece tener sustento”, apuntó.
En ese marco, aclaró que debe haber un juicio de responsabilidades por los hechos que ocurrieron los últimos días de gobierno de Evo Morales y los primeros días de Jeanine Añez.
“Ambos gobiernos son responsables de muertes por lo tanto deben ser sometidos a juicios de responsabilidades pero al mismo tiempo deben establecerse los derechos y garantías constitucionales jurisdiccionales, el debidos proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, garantías que son desconocidos por el Fiscal General, en el caso de Añez”, apuntó.
GOLPE POR GENOCIDIO
El coronel en servicio pasivo y abogado Jorge Santistevan manifestó a EL DIARIO que el término “golpe de Estado” será gradualmente sobrepuesto por el delito de genocidio y se procesará a todos los “pitas que vean como amenaza al gobierno”.
“La persecución política por los delitos de sedición, terrorismo, conspiración pasa al genocidio, el término más tóxico que vulnera los derechos fundamentales de aquellos que no pueden defenderse porque la justicia está totalmente cooptada por ellos (Gobierno). El genocidio describe masacre y horror, que no significa asignar un valor mayor a unas víctimas o a otras; el término genocidio intenta nombrar así a crímenes sin nombre”, explicó.
El jurista manifestó que para sostener este juicio de responsabilidades, el Ministerio Público deberá demostrar que la exmandataria tuvo una intencionalidad genocida.
“¿Cuál grupo nacional o étnico quería exterminar el gobierno de Jeanine Añez? ¿Añez tenía un plan nacional que buscaba exterminar a un grupo étnico, social o político?, cuestionó.
En ese marco, dijo que a Añez se le tiene que probar la intención de hacer una limpieza étnica o política, evaluando previamente que en las calles había grupos sociales que se enfrentaron, y los que estaban de lado del gobierno de Evo Morales estaban armados no solamente con bombas molotov sino con armas de fuego, explosivos y dinamitas.
“El gobierno de Evo Morales a través de una serie de actividades secuenciales de represión, incurrió en actos de terrorismo con las amenazas a comandantes militares que después las cumplió con su jefe operativo –César Cocarico– además de ejecutar persecución política y judicial sistemática, atribuyendo delitos injustos a cívicos, activistas y militares. ”, dijo.
INFORME LAPIDARIO
En criterio de Del Granado, el informe del GIEI es lapidario con el comportamiento y la conducta de todos los del Ministerio Público por la falta absoluta de cumplimiento de la ley y la Constitución por parte de Lanchipa.
Apuntó que lo más razonable es que antes de seguir en esta acción acusatoria, Lanchipa de un paso al costado y como sugiere el GIEI realizar una reestructuración integral del Ministerio Público y a partir de ello una reforma de la justicia.
“El Ministerio Público ha tenido un comportamiento negligente, violatorio de los Derechos Humanos, absolutamente abusivo de las garantías constitucionales, todo eso está en el informe del GIEI que hace referencia a la falta de pericia profesional en las investigaciones, etc.”, dijo.