El asesor jurídico del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Jorge Valda, que fue notificado para declarar como testigo en el caso de presuntos destrozos en la Fiscalía General, en octubre de 2020, devolvió el documento, porque asegura que le concedieron tutela por una Acción de Libertad que presentó y pide al Ministerio Público dar cumplimiento al fallo constitucional.
El Ministerio Público notificó ayer, en Santa Cruz de la Sierra a Valda, para que se presente a declarar en Sucre en un plazo de 24 horas.
“Estamos devolviendo su cédula de notificación porque desde el año pasado cuando comenzaron con el hostigamiento, en octubre del año pasado, presentamos una Acción de Libertad la cual nos otorgó tutela que evitaba ser perseguidos por razones políticas”, explicó Valda a EL DIARIO.
El jurista aclaró que si el Ministerio Público no toma en cuenta la tutela e insiste en su declaración, él no está en condiciones de hacerlo porque es patrocinador de algunos implicados en el caso y debe guardar el secreto profesional.
“Soy abogado del Comité (Cívico Pro Santa Cruz), de los jóvenes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), que están con detención preventiva, torturados e ilegalmente procesados, así que por estos factores yo debo respetar la norma”, apuntó.
Asimismo recordó al Ministerio Público que la norma refiere que la declaración debe realizarse en el lugar que el testigo reside.
DATOS
Entre el 5 y 6 de octubre de 2020, un grupo de la RJC instaló una vigilia en puertas de la Fiscalía General del Estado exigiendo la renuncia de su titular Juan Lanchipa, sindicado de parcialidad con el Movimiento al Socialismo (MAS).
Por este caso están detenidos preventivamente el líder de la RJC Yassir Molina y Mario Bascopé (ambos con detención preventiva en la cárcel de San Roque), Milena Soto (quien se encuentra con detención domiciliaria en Cochabamba) y el martes fue aprehendido Fabio Bascopé Revuelta, quien espera su audiencia de medidas cautelares.
APOYO
La senadora Centa Rek lamentó que el Ministerio Público continúe con las persecuciones políticas, “convirtiéndose en un instrumento de acoso a la oposición y las libertades ciudadanas; advirtiendo que el clima de beligerancia y convulsión en el país están siendo incentivados por las acciones de esta institución”.
“Le recordamos al fiscal (Juan) Lanchipa que él compareció ante una comisión de la Asamblea Legislativa, en enero de 2020, y en aquella oportunidad él avaló el gobierno de transición basándose en el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional; lo mismo hizo el entonces candidato Luis Arce Catacora ahora presidente del país”, recordó.