La aprobación del fideicomiso de 2.000 millones de bolivianos busca reactivar las obras públicas con contraparte de gobernaciones y municipios, sin embargo, el préstamo no es obligatorio, puesto que el acceso supone un crédito a una tasa de interés de 2 % a 18 años de plazo con dos de gracia. Tanto el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, y el de Obras Públicas, Servicio y Vivienda, informaron los detalles del mismo.
En conferencia de prensa, Montenegro informó que se aprobó el Decreto Supremo 4575 que reglamenta las condiciones de préstamo del Fideicomiso para la Reactivación de la Inversión Pública (Farip) para viabilizar los recursos a gobernaciones y municipios que tengan contraparte con el Gobierno para la ejecución de obras públicas.
El Fideicomiso fue creado para reactivar la inversión pública, que está paralizada por falta de recursos de gobernaciones y municipios y, por lo tanto, señaló que hay muchos proyectos inconclusos.
La crisis de la pandemia y la paralización de la economía dejaron sin recursos a municipios y gobernaciones y, por lo tanto, sin contraparte para ejecutar obras con el Gobierno central, pero ahora las autoridades del sector económico esperan que acudan al Fideicomiso para cumplir con sus contratos y reactivar las obras.
Montenegro indicó que el fideicomiso cumple esa finalidad y se proporcionará a las Entidades Territoriales Autónomas (ETA) como un crédito a una tasa de interés de 2 % a 18 años plazo con dos de gracias y en moneda nacional.
Dijo que por las dificultades de endeudamiento, el reglamento posibilita a las ETA a recalcular su capacidad de endeudamiento y acudir al Farip a prestarse recursos y pode concluir la obra programada.
El Ministro de Economía lamentó que la falta de pago de planillas haya incidido en la ejecución baja de la inversión pública, así en el aumento de las deudas con las empresas contratistas, que se tradujo en algunos casos en resoluciones de contratos y demandas judiciales a gobernaciones y municipios, por consiguiente en el aumento del desempleo.
La falta de recursos en gobernaciones y municipios no solo retrasó el pago de planillas, sino que provocó efectos colaterales en los proveedores, ya que estos no pudieron cumplir con los bancos ni con sus obligaciones tributarias.
Los organismos internacionales tampoco puedan desembolsar recursos señaló e indicó que el Farip busca dar una solución a este tema, la falta de recursos.
Informó que mediante la Ley 1389 del 24 de agosto de 2021 se creó el fideicomiso de 2.000 millones de bolivianos, cuyos recursos vienen del Banco Central de Bolivia (BCB) y permitirán terminar las obras inconclusas.
La autoridad dijo que los recursos posibilitarán activar la inversión pública, generar empleo, crecimiento del Producto Interno bruto regional y nacional.
Explicó que el fideicomitente será en el Ministerio de Planificación del Desarrollo, el fiduciario el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y los beneficiarios serán las ETA, gobernaciones y municipios.
Montenegro dijo que la reactivación de las obras permitirá la creación de empleo, aumento de la demanda interna, como los servicios y transporte, entre otros.
Destacó que los casi 300 millones de dólares reforzará la inversión pública, pero también dinamizará la economía regional.
EMPLEOS
En el tema de la generación de empleos, el Ministro de Economía fue claro en señalar que nadie puede obligar a una ETA, a prestarse de este fondo, por lo que potencialmente el número de creación de empleos directos e indirectos estaría entre 40.000 a 50.000, hasta 100.000, debido a que la mayoría son proyectos de infraestructura.
Por su parte, el ministro de Obras Pública, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, dijo que con las normas aprobadas, que brindan recursos a gobernaciones y municipios, las ETA no tienen pretexto para poner su contraparte.
Montaño dijo que atacarán a todas aquellas obras camineras, y no se pudo realizar el débito automático porque las ETA no tenían recursos, ya que los mismos lo destinaban a la salud.
Nombre a los departamentos que de Beni, que tiene una contraparte pendiente de 183 millones de bolivianos; Santa Cruz, con una deuda de 150 millones; Chuquisaca con 34 millones; y Pando 36 millones.