En días pasados fueron conocidos dos pronunciamientos de organizaciones internacionales y de la opinión consultiva de un grupo de expertos independientes sobre los problemas originados en las elecciones generales de octubre de 2019. Éstos han aclarado aún más el panorama conflictivo con el que inauguró su gestión el actual gobierno de la segunda versión del populismo masista, el tema del fraude electoral y del golpe de Estado de 20l9.
La instancia técnica-académica-jurisdiccional de la OEA sobre Derechos Humanos CIDH) determinó en su resolución que la reelección indefinida ¡no es un derecho humano!, ( en ese sentido en marzo de 2018 se pronunció la Comisión de Venecia), al contrario de lo que había argumentado el régimen de gobierno masista para llevar una vez más a Evo Morales a un cuarto período presidencial, como una de sus cuatro vías para ese propósito, que anunció el entonces ministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta, hoy embajador en la OEA.
Fue una espuria resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (R 0084 de 28 de noviembre de 2017), que atribuyéndose la soberanía popular modificó la Constitución Política del Estado (que sólo un referéndum puede modificarla) para allanar la ilegal candidatura del señor Evo Morales Ayma, con el argumento de ser un “Derecho Humano”.
En varias notas en estas mismas páginas del Decano de la Prensa Nacional, comentamos que no era un derecho humano la reelección indefinida, por el contrario, era y es una grave vulneración a este derecho universal, pues las normas referidas a derechos fundamentales y los principios del sistema de vida democrática, determinan la alternabilidad en el ejercicio del poder, pues lo contrario es tiranía y dictadura. Por ello se debe realizar periódicamente consultas al pueblo, para que éste elija a sus gobernantes.
El origen de toda la conflictividad política e institucional que se acerca a los dos años, desde octubre de 2019, con millonarios costos (el referéndum costó 22 millones de $us.), muertos, heridos y destrucción de bienes públicos y privados, se originó en el desconocimiento al referéndum del 21 de febrero de 2016, convocado por el mismo gobierno del MAS, que preguntó al pueblo sobre una reelección más del caudillo que ya gobernaba tres períodos, contra lo establecido por la Constitución (Arts. 7 y 202.1) que sólo admite dos períodos consecutivos, y el pueblo le dijo ¡NO!
El desconocimiento del resultado del referéndum del 21F, pese a que Evo Morales anticipó su cumplimiento, importa a la luz de los Derechos Humanos, una vulneración, pues la Declaración Universal en su artículo 21 parágrafo 3 dice: “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresa mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual, por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”.
La disposición de la Declaración Universal de Derechos Humanos, alcanza a su vez a los resultados de las elecciones de octubre de 20l9. Una comisión de “veedores” de la OEA tachó esas elecciones, por haber sido fraudulentas, decisión ratificada por ese organismo hace poco.
En un estudio de opinión (encuesta) realizado por Data 7, del 14 al 17 de enero de 2017, el 77% de los encuestados opinó que la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional sobre la reelección de Morales Ayma era ilegal y además que el MAS no respetaría los resultados de las elecciones que se efectuarían en 2019. El 65% de los encuestados opinó que no respetará, frente a un 23% que dijo que respetará.
De lo expresado líneas arriba se infiere que se ha cometido una doble vulneración a los Derechos Humanos consagrados en la Declaración de Naciones Unidas y las correspondientes de Acuerdos Internacionales Regionales posteriores, como: el artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1968); el artículo 23 IA de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto der San José) y otros. Uno al desconocer los resultados del 21F y otro por la reelección anti constitucional de Evo Morales y el fraude electoral de 2019, que afectaron la voluntad del pueblo en ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
El autor es Abogado, Politólogo, escritor y docente de educación superior.