Resolución de CIDH sobre Añez no agota instancias nacionales

Luego de la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que se negó la aplicación de medidas cautelares en favor de la expresidenta Jeanine Añez y su hija, juristas señalan que existen instancias nacionales que debieron haberse agotado antes de recurrir solicitar estas medidas a nivel internacional.
Ayer se conoció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó la solicitud de medidas cautelares de la expresidenta Jeanine Añez y cerró el caso. Sin embargo, le recordó al Gobierno boliviano que es obligación del Estado garantizar el derecho a la vida de las personas privadas de libertad.
Para el abogado constitucionalista Víctor Hugo Chávez, la defensa de la exmandataria aún debe agotar los mecanismos nacionales, para luego recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por lo que el presente fallo negativo no se convierte en el último recurso en su caso.
“Es innegable, que una vez agotados todos los mecanismos y cumpliendo las normas pueda nuevamente acudir a los organismos internacionales, entretanto que es evidente que existe en el ordenamiento jurídico boliviano la posibilidad de realizar diferentes acciones de defensa”, indicó.
El hecho de acudir directamente a instancias como la CIDH –dijo– hace que esta comisión sea convertida en una suerte de juez cautelar o tribunal de apelaciones, en ese sentido el fallo negativo era de suponerse; una decisión que también se aplica a otros ciudadanos y exautoridades que enfrentan procesos similares al de Añez.
En opinión del constitucionalista Williams Bascopé, los demás detenidos por el caso del supuesto golpe aún cuentan con la posibilidad de presentar su caso ante esta instancia internacional.
“Que hayan negado esta medida en este caso no quiere decir que otros no puedan solicitar, tienen todas las prerrogativas para hacerlo. El tema es que lo fundamenten bien para que la comisión lo valore con propiedad y pueda conocer lo que está pasando en Bolivia”, dijo.
Bascopé cuestionó que las autoridades hayan señalado que la determinación de la CIDH es una muestra de que la justicia en el país es imparcial, ya que la realidad demuestra que efectivamente existe una persecución política que además es selectiva.
Entretanto, el canciller del Estado, Rogelio Mayta, manifestó que el Gobierno ha atendido todos los requerimientos de la CIDH, por lo que la determinación de esta instancia responde a criterios objetivos, fruto de una evaluación, que ha denegado la procedencia para poder otorgar medidas cautelares a las personas solicitantes.
“Nunca ha estado en riesgo la vida de Jeanine Añez, al menos no por alguna conducta relacionada a su detención preventiva ejecutada por las instancias del Estado Plurinacional de Bolivia”, señaló.
Mayta dijo que el Estado ha cumplido con los estándares en relación a la detención preventiva y que todas las denuncias presentadas en medios de comunicación se tratan solo de una escenificación para tratar de cuestionar al Gobierno.
“Teniendo en cuenta la información remitida a la CIDH por ambas partes, el expediente correspondiente a la presente solicitud de medidas cautelares fue oportunamente cerrado”, señala parte de la resolución remitida al Estado boliviano el 7 de octubre y firmada por la secretaria ejecutiva de esta Comisión, Tania Reneaum Panszi.