Para las 16.30 horas de mañana está programada la audiencia virtual de inicio de juicio contra Romel Cardozo La Fuente, quien grabó a la jueza Patricia Pacajes cuando reconoció que había sentenciado al médico Jhiery Fernández siendo inocente. No obstante, los jueces y fiscales que cometieron esa irregularidad continúan impunes.
El 1 de octubre de 2018, la ahora exjueza Patricia Pacajes denunció a Cardozo por el delito de violencia familiar o doméstica, la denuncia fue admitida y el 16 de octubre el Ministerio Público ordenó la aprehensión del autor de la grabación y filtración del audio donde la exmagistrada admite haber condenado sin pruebas al médico Jhiery Fernández por el caso Alexander.
Horas después, la jueza Claudia Castro determinó declarar ilegal la aprehensión de Cardozo y dispuso su libertad.
En estos años –dijo el acusado– se realizaron investigaciones con las que no fue notificado y con un sinfín de irregularidades por parte de la fiscal del caso.
“Si debo ir a la cárcel por salvar la vida de un inocente lo hago, no me arrepiento. Se había sentenciado a 20 años de cárcel a un ciudadano por un delito que nunca existió, es más le querían subir la pena a 30 años, por eso saqué a la luz el audio, porque si lo presentaba directamente a las autoridades estoy seguro que el médico seguiría en la cárcel”, dijo Cardozo a EL DIARIO.
Cardozo aseguró que como muchos ciudadanos es “víctima” de la justicia porque hizo una denuncia por un robo que sufrió pero no avanza.
“Un fiscal coludido con policías, un militar y su esposa me despojaron de mis pertenencias, destruyeron mi vida, denuncié el hecho pero no avanza. Imputaron a la señora pero no hay cuándo fijen su audiencia cautelar, la sindicada tiene todo el tiempo de salir, incluso a pie del país. Pero en estos casos la Fiscalía actúa con relativa prontitud. Mi denuncia es de data mucho más antigua que esta y no hay ni siquiera cautelares, pero porque la denuncia la hizo una exmagistrada ya estoy acusado y hasta son capaces de enviarme a la cárcel”, advirtió.
AUDIO
El 12 de septiembre de 2018, la Fiscalía apeló la sentencia dictada en marzo de ese mismo año, en la que la jueza dictaba 20 años de cárcel para el médico Jhiery Fernández. Pidió que sea condenado con la pena máxima, 30 años de prisión sin derecho a indulto.
El 17 de septiembre de 2018, se hizo público el audio grabado por Cardozo, durante una reunión en la que la entonces presidenta del Tribunal Décimo de Sentencia, Patricia Pacajes, confesó haber dictado condena de 20 años contra Fernández, pese a que no existían pruebas científicas en su contra y conocía los errores cometidos por los forenses.
“En el hospital Juan XXIII el médico pediatra (Roberto Gumiel) dice: ‘hay violación’, en ese momento hay una equivocación, llega la médico forense y dice: ‘hay violación’, llaman a la prensa y emite el certificado médico forense que dice ‘hay violación’”, se oye en el audio atribuido a Pacajes.
En el audio, Pacajes asegura que la entonces fiscal de Distrito, Patricia Santos, fue presionada por sus superiores para que se incrimine al médico y ante su negativa se la destituyó bajo otras denuncias que surgieron contra ella.
“La tercera que vuela del cargo es Patricia Santos. Pasan meses y aquí no hay violador creo que el médico es inocente, Patricia Santos dice eso y el Fiscal General (Ramiro Guerrero) la presiona, entonces la botan de la Fiscalía y acusan (al médico)”, recordó.
Después del audio, una auditoría judicial a los 56 cuerpos y 11.000 páginas del expediente y al alejamiento del cargo de los otros dos jueces que redactaron la condena junto a Pacajes, Gladis Guerrero y Roberto Mérida, concluyó que hubo delitos penales porque los fiscales habían ocultado pruebas que demostraban la inocencia del médico.
¿JUSTICIA?
Entre los responsables del proceso irregular contra Fernández –según el audio– están el exfiscal general Ramiro Guerrero, que luego fue nombrado como Cónsul de Bolivia en Chile, hoy asesor jurídico del Ministerio de Desarrollo y Tierras.
Guerrero tenía a su mando a los entonces fiscales Susana Boyán y Edwin Blanco, quien luego fue ascendido a fiscal departamental de La Paz y hoy es juez de sentencia.
Los señalamientos contra Guerrero y sus fiscales no vienen solo de los abogados o el acusado Fernández, sino de su propia excolaboradora. El 21 de mayo de 2015, la ex fiscal departamental de La Paz Patricia Santos declaró a los medios: “La hipótesis (de la violación contra el bebé Alexander) en realidad la ha sustentado el fiscal general (Guerrero) y será esta autoridad la que deba responder al respecto”.
Blanco fue imputado por irregularidades en la investigación a la muerte del bebé Alexander, empero el juez del Juzgado Quinto de Instrucción Anticorrupción determinó medidas sustitutivas.
En la audiencia de medidas cautelares, que se desarrolló en septiembre pasado, se determinó la presentación periódica ante el Ministerio Público, la prohibición de acercarse a los testigos y la víctima en el caso, además de tener la prohibición de acudir a lugares donde se expenda bebidas alcohólicas.
Blanco se encuentra investigado por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. El caso fue abierto a denuncia de Fernández en la que también se encuentra implicada la exfiscal Susana Boyán, aunque ella ni siquiera fue cautelada.
Ninguna institución inició procesos contra los exjueces Roberto Mérida ni Gladis Guerrero.
DATOS
Fernández fue enjuiciado por la supuesta violación del bebé de ocho meses que estaba a cargo de la Gobernación paceña en el Hogar Virgen de Fátima (hoy Niño Jesús) el 13 de noviembre de 2014. Estuvo detenido en San Pedro por cuatro años y 11 meses; en marzo de 2018 fue condenado a 20 años de cárcel, pero el fallo fue anulado en febrero de 2020 y se ordenó un nuevo juicio. Tras siete años del proceso, se estableció que el galeno es inocente ante falta de pruebas en su contra.