La exministra de Relaciones Exteriores, durante el gobierno de transición, Karen Longaric, y el exembajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Jaime Aparicio, señalaron que la reciente determinación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que se negó la aplicación de medidas cautelares a la expresidenta Jeanine Añez es política y deja desamparados a otros ciudadanos.
Mediante un comunicado conjunto, emitido por ambos ex representantes diplomáticos del Estado, se cuestionó la determinación de la CIDH por considerar que se trata de una medida política antes que jurídica, misma que antepone afinidades ideológicas antes que la defensa de los derechos humanos en el sistema interamericano.
“No es la primera vez, durante los catorce años de graves violaciones a los derechos humanos, en el gobierno de Evo Morales, la CIDH guardo silencio”, señala parte del documento publicado en redes sociales, por Longaric y Aparicio.
Lamentaron que con esta determinación se emita un mensaje en el que gobiernos autoritarios quedan libres de cometer abusos, en tanto conserven fachadas democráticas y comulguen ideológicamente con los comisionados de la CIDH.
Desde su cuenta de Twitter, Longaric calificó como injusta la posición asumida por esta instancia internacional al dejar en completa indefensión a otros perseguidos políticos que veían en esta Comisión una solución ante la persecución política y abusos en su contra.
Por su parte, Aparicio sostuvo que esta Comisión maneja un doble estándar al actuar con celeridad ante requerimientos para funcionarios de regímenes afines, mientras ignora solicitudes similares de otros ciudadanos por ser contrarios ideológicos.
La negativa a conceder medidas cautelares en favor de Añez sienta un peligroso precedente para toda la región, pues se incumple con el rol de defensa de los derechos humanos y de esta manera se afecta la credibilidad de esta instancia en el marco del Sistema Interamericano.
Días atrás, el expresidente Jorge Quiroga calificó a este fallo como una nueva parcialización de la CIDH, sumándose esta situación al haber avalado la cuarta repostulación ilegal de Morales el 2019 y la aplicación de medidas cautelares para exautoridades del MAS el 2020.
Desde el oficialismo, el canciller Rogelio Mayta manifestó que el caso de la expresidenta Jeanine Añez es una trinchera de carácter político para la oposición, desde donde se busca desgastar al gobierno de Luis Arce.
